Comenzó el juicio por explotación laboral a trabajores misioneros en un campo rural de Concordia

Ante el Tribunal Oral Federal de Paraná se inició el juicio oral contra Yamil Ale Abdala, propietario de un campo, y Sandro de la Cruz Vázquez, quien se desempeñaba como capataz, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de la provincia de Misiones.

Los hechos investigados ocurrieron en un predio rural ubicado en Puerto Yeruá, en la zona cercana a Calabacillas, departamento Concordia, y salieron a la luz tras una inspección de la AFIP Paraná —actual ARCA— que puso fin a la situación de explotación. El debate oral es presidido por la jueza Noemí Berros.

Según el dictamen del fiscal general José Ignacio Candioti, Abdala y De la Cruz Vázquez captaron, trasladaron, acogieron y recibieron a cinco personas mayores de edad —identificadas como O.A.M., D.A.M., P.R.M., F.O.M. y D.S.M.D.B.— provenientes de Irigoyen y Eldorado, Misiones, con el objetivo de obtener un beneficio económico a partir de su trabajo.

La acusación sostiene que los hechos se desarrollaron entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022, hasta que la intervención estatal puso fin a la situación. De acuerdo con la Fiscalía, la captación se realizó mediante ofertas laborales engañosas y abuso de confianza, aprovechando la extrema vulnerabilidad social y económica de las víctimas. Se les prometieron condiciones de trabajo, alimentos, herramientas y una vivienda digna que nunca se cumplieron. En uno de los casos, existía además un vínculo familiar con uno de los imputados, utilizado para generar confianza.

Como parte del engaño, De la Cruz Vázquez habría enviado a los trabajadores una fotografía de un campo en buenas condiciones, que no se correspondía con el lugar real donde finalmente fueron llevados. Una vez en el predio, las víctimas realizaron tareas forestales y de desmonte en condiciones de aislamiento y precarización extrema, además de trabajos de limpieza no acordados ni remunerados. Las jornadas eran extensas y sin descanso, de lunes a lunes, bajo un esquema de control y dependencia total.

La Fiscalía calificó las condiciones de vida como indignas. Los trabajadores debieron construir sus propios refugios con materiales precarios, sin acceso a agua potable, energía eléctrica, gas, baños ni cocina. Para higienizarse utilizaban una laguna ubicada a un kilómetro del campamento. La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos constató la ausencia de condiciones mínimas de higiene y seguridad, con riesgo para la integridad psicofísica de las víctimas.

En materia salarial, los pagos fueron parciales, irregulares y muy inferiores a los valores legales, incluso por debajo del salario mínimo vital y móvil. Percibían entre 15 y 35 pesos por metro lineal de madera, con diferencias arbitrarias. Además, se les exigía una permanencia mínima de entre 35 y 45 días para cobrar, se les descontaban gastos de traslado y comida, y se los obligaba a seguir trabajando aun cuando las herramientas se rompían, negándose el propietario a repararlas.

El expediente también da cuenta de malos tratos físicos y verbales. Testimonios incorporados indican que De la Cruz Vázquez habría ejercido violencia y amenazas, incluso intentando agredir y perseguir a trabajadores cuando reclamaron por las condiciones laborales y habitacionales.

Para el Ministerio Público, el rol de De la Cruz Vázquez excedía el de un simple empleado, ya que impartía órdenes y actuaba como representante del dueño. Un funcionario de la AFIP declaró que fue él quien autorizó la inspección en nombre de Abdala.

La Fiscalía concluyó que el conjunto de engaños, aislamiento geográfico, restricciones a la movilidad, condiciones habitacionales paupérrimas y violencia constituyen indicadores claros del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. En ese marco, De la Cruz Vázquez fue procesado como coautor, con agravantes por la vulnerabilidad y la cantidad de víctimas, mientras que Abdala fue señalado como responsable en su carácter de propietario y beneficiario de la explotación.

Cómo continúa el juicio

Este martes está prevista la declaración de las víctimas, cuyos testimonios ya fueron registrados en parte mediante Cámara Gesell. El miércoles declararán seis testigos ofrecidos por la Fiscalía, entre ellos funcionarios de ARCA, del Ministerio de Trabajo y profesionales psicólogas que intervinieron en la asistencia de los trabajadores.

Fuente: Análisis