Pablo Laurta irá a juicio oral por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra

La Justicia de la provincia de Córdoba elevó a juicio oral y público la causa que investiga el doble femicidio cometido por Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja, Luna Giardina, y a su ex suegra, Mariel Zamudio, a comienzos de octubre.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, consideró concluida la etapa de investigación y resolvió que el expediente sea debatido en un juicio oral.

Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva y está imputado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género. Además, enfrenta cargos por amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad, en el marco de hechos previos vinculados a sus víctimas.

El acusado fue detenido el 12 de octubre en el hotel Berlín de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. En ese momento se encontraba junto a su hijo de cinco años, y los investigadores sostienen que su intención era cruzar hacia Uruguay de manera ilegal.

La declaración ante la Justicia

A fines de octubre, Pablo Laurta declaró durante aproximadamente una hora y media ante el fiscal Gerardo Reyes en el edificio de Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba. De acuerdo a lo precisado por la Fiscalía, el imputado se negó a responder preguntas vinculadas directamente con la causa por el doble femicidio.

Durante su indagatoria, Laurta solo hizo referencia a denuncias que había realizado con anterioridad ante la Fiscalía de Integridad Sexual y a un pedido de restitución internacional de su hijo.

El traslado del acusado se realizó bajo un operativo especial desde la cárcel de Cruz del Eje, ubicada a unos 140 kilómetros de la capital cordobesa, donde permanece alojado en un pabellón de máxima seguridad. Finalizada la audiencia, fue trasladado nuevamente a ese establecimiento penitenciario.

Laurta estuvo asistido por la defensora oficial Alfonsina Muñiz, quien había solicitado que la indagatoria se realizara de manera presencial y no por videoconferencia, como había evaluado inicialmente la Justicia, debido a los riesgos de seguridad que implicaba el traslado.

Con la elevación a juicio, el caso avanza hacia una instancia clave, donde se determinarán las responsabilidades penales por uno de los hechos de violencia de género más graves registrados en el país en los últimos meses.