Fotomultas en Entre Ríos: ¿seguridad vial o un sistema de recaudación millonaria?

La cantidad de muertes en siniestros viales en rutas de Entre Ríos aumentó un 20% durante 2025 en comparación con el año anterior. El dato reaviva el debate sobre la eficacia del sistema de control de velocidad mediante fotomultas, que continúa vigente y en expansión en la provincia, con cifras de recaudación millonarias.

Pese a que el objetivo declarado de los cinemómetros es mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad, los números no reflejan una baja en las víctimas fatales. Por el contrario, mientras los accidentes continúan cobrando vidas, el esquema de control sigue generando ingresos crecientes.

Cómo funciona el sistema en Entre Ríos

Desde hace más de cuatro años, la Policía de Entre Ríos utiliza tecnología provista por la empresa privada Brocart S.A., encargada de los equipos fijos y móviles que registran infracciones de tránsito. Se trata de una firma que presta servicios similares en numerosas provincias y municipios del país.

Durante el año pasado, la empresa percibió en concepto de canon más de 800 millones de pesos mensuales, una cifra considerada elevada incluso dentro de los parámetros de contratación estatal.

Prevención o recaudación

El abogado y especialista en seguridad vial Juan Ignacio Maya explicó a ANÁLISIS que “una buena política de seguridad vial es la que logra reducir las infracciones y la siniestralidad a través de la educación y la prevención”.

En ese marco, recordó que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prioriza la prevención y la concientización, dejando la sanción como última instancia. Sin embargo, advirtió que el aumento sostenido de infracciones puede responder a dos escenarios: “o la política preventiva es equivocada, o se cambió el fin de la norma y pasó a ser recaudatoria. En ese caso, el crecimiento de multas sería considerado un éxito”.

Cómo cobra la empresa

El canon que percibe Brocart S.A. combina montos fijos y variables, lo que provoca variaciones mensuales. No obstante, los cálculos promedio indican que la empresa recibe alrededor del 47% de lo recaudado por el pago de las multas.

El cobro se desglosa en tres conceptos: alquiler de equipos de fiscalización, gastos de notificación y prestación de servicios.

Un sistema en contradicción

Para Maya, el esquema presenta un grave contrasentido: “El Estado terceriza el control de infracciones, pero el canon que cobra la empresa está ligado a la cantidad de multas detectadas. Es decir: cuantas más multas, mayor ganancia. El interés de la comunidad es exactamente el contrario: menos multas y más seguridad”.

Según el especialista, el canon debería estar vinculado a la disminución de infracciones y no a su incremento.

Sin expedientes ni defensa efectiva

Otro de los puntos críticos señalados es la falta de expedientes administrativos por cada infracción. La norma establece que la policía debe detener al infractor para evitar que continúe el riesgo y garantizar su identificación. La notificación al titular del vehículo debería ser la excepción.

“Por cada infracción debe existir un expediente completo que permita ejercer el derecho a defensa. Hoy eso no ocurre”, alertó Maya, quien además cuestionó el reemplazo de la notificación fehaciente por una simple ‘notificación válida’, que sólo acredita el envío de una carta.

La cancha inclinada

Finalmente, el especialista advirtió que el sistema coloca al automovilista en una posición de desventaja, ya que las multas impiden renovar la licencia o vender el vehículo mientras los recursos judiciales demoran meses en resolverse.

“Cuando la Justicia no responde en tiempo oportuno, la cancha se inclina en favor de los recaudadores”, concluyó.