Una profesional denunció sanciones en la OSER tras advertir irregularidades en la disolución del IOSPER

A más de seis meses de la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la puesta en marcha de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), una profesional que trabajaba dentro del sistema denunció haber sido sancionada y removida de su cargo luego de advertir sobre presuntas irregularidades en el proceso de transformación.

Se trata de Mariela Udrizar, quien hizo público un extenso testimonio en el que cuestiona la creación de la OSER y sostiene que se trató de una decisión política adoptada sin los avales técnicos, legales y administrativos que una reforma de esa magnitud requería.

Según relató, quienes trabajaban dentro de la obra social intentaron desde un primer momento cumplir con el rol que corresponde en una democracia: analizar, advertir, proponer y mejorar el proceso. “La intención nunca fue ir contra nadie, sino sumar conocimiento y lograr la mejor decisión posible para los afiliados y para la provincia”, expresó.

Sin embargo, afirmó que con el correr del tiempo quedó en evidencia que los objetivos del proceso eran otros, y que la intervención derivó en un vaciamiento y una destrucción institucional, guiados —según su visión— por intereses previamente definidos.

Udrizar remarcó que la ley que dio origen a la OSER fue aprobada sin informes técnicos previos, y que pese a las advertencias realizadas ante legisladores provinciales, se avanzó igualmente con la disolución del IOSPER.
“Si se pudo disolver un organismo y crear otro sin demostrar nada ni responder preguntas básicas, era previsible que el resultado fuera el que hoy viven miles de afiliados”, sostuvo.

En su testimonio también apuntó contra autoridades de la actual obra social, entre ellas el vicepresidente Ricardo García, quien —según indicó— la habría acusado públicamente en distintos medios de comunicación de “boicotear” la gestión. Afirmó que esas declaraciones se realizaron sin pruebas ni sustento, afectando su honor y su trayectoria profesional.

Pero, según denunció, las descalificaciones no quedaron solo en lo discursivo. Indicó que tanto ella como otros trabajadores y trabajadoras que respaldaron los planteos técnicos fueron desplazados de sus funciones, lo que interpretó como una acción deliberada de castigo y disciplinamiento, destinada a desalentar la disidencia técnica y el pensamiento crítico dentro del organismo.

“No se trata de una pelea personal ni política. Es una defensa del bienestar social, de los afiliados y de un derecho esencial como es la salud”, subrayó, y rechazó que señalar errores, exigir transparencia o aportar información técnica pueda ser considerado un acto de boicot o conspiración.

Finalmente, recordó su trayectoria dentro de la obra social, a la que ingresó como pasante mientras cursaba la carrera de Ciencias Económicas, y donde se formó profesionalmente durante años. “Defender derechos no es boicotear. Señalar errores no es atacar. Exigir transparencia es ejercer ciudadanía”, concluyó.

Fuente: Análisis