Iniciaron un sumario a un empleado estatal y le exigen devolver más de $8,7 millones por haberes presuntamente cobrados de manera indebida

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la apertura de un sumario administrativo contra un agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano por presuntas inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo y le reclamó la devolución de más de 8,7 millones de pesos que habría percibido de manera indebida.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1228, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, y establece que la investigación será llevada adelante por la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado.

Según se desprende de la normativa, el agente involucrado se desempeña en la categoría 5 del escalafón Administrativo y Técnico del organismo provincial.

Reclaman la devolución de más de $8,7 millones

Además de ordenar la instrucción del sumario, el decreto aprobó una liquidación confeccionada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano, que determinó la existencia de haberes presuntamente percibidos de manera indebida por un total de $8.782.886,23.

En consecuencia, el trabajador fue intimado a reintegrar esa suma junto con los intereses correspondientes, calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La resolución fija un plazo de 30 días corridos desde la notificación formal para efectuar la devolución del dinero reclamado.

Advierten sobre posibles acciones judiciales

El decreto establece que, si el agente no cumple con el reintegro dentro del plazo previsto, la Fiscalía de Estado deberá intervenir para impulsar las acciones judiciales necesarias destinadas a recuperar los fondos públicos.

La eventual demanda incluiría no solo el capital adeudado sino también los intereses acumulados, gastos administrativos y honorarios profesionales que pudieran generarse durante el proceso.

Investigación por presuntas inasistencias

La medida administrativa tiene origen en presuntas inasistencias injustificadas del agente a su lugar de trabajo, situación que ahora será analizada en el marco del sumario correspondiente.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el procedimiento se encuentra contemplado dentro de los mecanismos de control de la administración pública para determinar posibles incumplimientos de deberes por parte de los empleados estatales.

Asimismo, el decreto recuerda que, hasta tanto se apruebe una nueva reglamentación de los procedimientos sumariales prevista en la Ley Nº 9.755, continuará vigente el régimen establecido por el Decreto Nº 2/70 y sus modificatorias.

La disposición lleva además la firma de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y se enmarca en las acciones de control y fiscalización que impulsa la administración provincial sobre el uso de los recursos públicos.

Cabe destacar que la apertura de un sumario administrativo no implica una sanción definitiva, sino el inicio de una investigación destinada a determinar responsabilidades y garantizar el derecho de defensa del agente involucrado.

Fuente: Elonce