Cesanteada por inasistencias, una exempleada provincial deberá devolver más de $10 millones

El Gobierno de Entre Ríos continúa con su política de revisión de situaciones administrativas y recupero de fondos públicos considerados indebidamente percibidos por agentes estatales.

En ese marco, se dispuso el reclamo de más de 10 millones de pesos a una exagente que había sido cesanteada tras comprobarse 44 inasistencias injustificadas durante el ciclo lectivo 2024, mientras desempeñaba funciones como cocinera en establecimientos escolares del departamento Uruguay.

La medida quedó formalizada a través del decreto Nº 1470, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

Cesantía previa por inasistencias injustificadas

El caso tiene como antecedente el decreto Nº 1390, mediante el cual la Provincia dispuso la cesantía de la agente de planta permanente de la Dirección de Comedores, identificada con las iniciales D.S.M.

La sanción se basó en un sumario administrativo que acreditó 44 inasistencias injustificadas durante 2024, lo que fue considerado una falta grave en el marco del régimen del empleo público provincial.

La investigación había sido iniciada por el decreto Nº 94/2025 del Ministerio de Desarrollo Humano y contó con la intervención de la Comisión Asesora de Disciplina, que analizó el expediente administrativo.

Reclamo económico por más de $10 millones

A partir de la cesantía, el nuevo decreto avanza en la etapa de recupero económico. Según la liquidación elaborada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano, la Provincia determinó que la exagente percibió indebidamente un total de $10.293.021,75.

A ese monto deberán sumarse intereses que se seguirán acumulando hasta la devolución efectiva, calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

El decreto establece un plazo “perentorio e improrrogable” de 30 días corridos desde la notificación para la restitución de los fondos.

Advertencia de acciones judiciales

En caso de incumplimiento, el Gobierno provincial instruyó la intervención de la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales correspondientes.

El texto oficial también prevé el reclamo de intereses, gastos y honorarios derivados de un eventual proceso judicial, en caso de no concretarse la devolución voluntaria del dinero.

Diferencias en la información administrativa

El decreto publicado presenta además una diferencia respecto al lugar de prestación de servicios de la agente.

Mientras el expediente de cesantía la ubicaba en el comedor de la Escuela Nº 88 “Buenos Aires”, en Colonia Santa Teresita, el nuevo decreto la señala como trabajadora de la Escuela Nº 116 “Cabo Misael Pereyra”, ambas en el departamento Uruguay.