Denunció un violento robo con arma de fuego para justificar una deuda con la Cooperativa Eléctrica

Una denuncia por un supuesto robo a mano armada movilizó a efectivos policiales y a la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal de Concordia, pero terminó revelándose como una falsa acusación realizada con fines administrativos.

El hecho fue denunciado ante personal de la Comisaría Cuarta por una mujer que aseguró haber sido víctima de un asalto en inmediaciones de las calles Doctor Sauré e Ituzaingó.

Según su relato inicial, fue interceptada por una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de color rojo, ocupada por dos hombres. La denunciante afirmó que uno de ellos descendió del rodado y, exhibiendo un arma de fuego, logró sustraerle una mochila.

Dentro de la misma, indicó, llevaba un equipo de mate marca Stanley, su Documento Nacional de Identidad, un teléfono celular Samsung y la suma de 250 mil pesos en efectivo.

Además, brindó detalles sobre la vestimenta de los supuestos autores: aseguró que el conductor llevaba una campera gris, gorro y bufanda negra, mientras que el acompañante vestía una campera roja con similares accesorios.

A partir de la denuncia, personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal inició las tareas tendientes a esclarecer el hecho, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona donde supuestamente había ocurrido el asalto.

Sin embargo, tras analizar las imágenes disponibles, los investigadores no lograron encontrar registros que respaldaran la versión aportada por la denunciante. Ante esta situación, se le solicitó que precisara nuevamente el lugar y el horario del supuesto robo.

Fue entonces cuando la mujer reconoció que el hecho nunca había ocurrido. Según manifestó, había realizado la falsa denuncia con el objetivo de obtener una copia certificada de la exposición policial para presentarla ante la Cooperativa Eléctrica y justificar la falta de pago del servicio.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las eventuales responsabilidades derivadas de la falsa denuncia, una conducta que implica la movilización innecesaria de recursos policiales y judiciales destinados a la investigación de delitos reales.