La Justicia suspendió la apertura de los celulares de Bordet y Ávila hasta que lo autoricen las Cámaras

La Justicia de Entre Ríos resolvió este martes suspender la apertura de los teléfonos celulares del diputado nacional Gustavo Bordet y de la diputada provincial Mariel Ávila, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida se mantendrá vigente hasta que las respectivas cámaras legislativas autoricen la realización de la pericia.

Según informó El Entre Ríos, la decisión fue adoptada por el vocal de Apelación, Aníbal Lafourcade, durante una audiencia realizada en los tribunales de Concordia, donde también resolvió rechazar el pedido de la defensa para que los dispositivos fueran devueltos a los legisladores.

La investigación está caratulada "D'Ambros, Héctor Daniel s/ su denuncia – Enriquecimiento Ilícito" y tiene como fiscales a José Arias y Daniela Montangie, mientras que la defensa de Bordet y Ávila está a cargo del abogado Jorge Esteban Romero.

La resolución judicial

Al fundamentar su decisión, Lafourcade explicó que correspondía hacer lugar parcialmente al planteo de la defensa.

"Ordeno la suspensión de la apertura de los celulares hasta que haya autorización de las Cámaras", sostuvo el magistrado.

No obstante, aclaró que los teléfonos permanecerán bajo resguardo judicial, al rechazar el pedido para que fueran restituidos a sus propietarios.

El vocal consideró que no correspondía anular la resolución que había autorizado la pericia sobre los dispositivos, sino únicamente suspender su ejecución para evitar una eventual afectación de garantías constitucionales vinculadas a los fueros parlamentarios.

El planteo de la defensa

Durante la audiencia, el abogado Jorge Romero sostuvo que el consentimiento brindado por Bordet y Ávila durante los allanamientos no implicó autorizar el acceso al contenido de los teléfonos celulares.

Además, afirmó que la Fiscalía pretendía realizar una investigación indiscriminada sobre la información almacenada en los dispositivos, lo que calificó como una "excursión de pesca" para buscar posibles delitos ajenos a la causa principal.

Romero también intentó recusar al fiscal José Arias, argumentando una supuesta pérdida de objetividad y cuestionando la difusión pública de información sobre la investigación. Sin embargo, Lafourcade declaró inadmisible ese planteo y recordó que existen vías procesales específicas para promover una recusación.

En ese contexto, el magistrado también defendió el trabajo de la prensa al señalar que las audiencias son públicas y que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre los procesos judiciales.

La postura de la Fiscalía

Por su parte, el fiscal José Arias sostuvo que el cambio de postura de la defensa se produjo luego del avance de nuevas líneas investigativas derivadas de los allanamientos realizados al empresario Salvador Carubia y a la firma Gruppa 3.

Según explicó, tanto Bordet como Ávila habían prestado conformidad para los allanamientos, entregaron voluntariamente sus teléfonos y facilitaron las claves de acceso, por lo que consideró aplicable el principio de los actos propios.

Arias también rechazó que la pericia sobre los celulares vulnere los fueros parlamentarios, al sostener que esos privilegios constitucionales protegen el ejercicio de la función legislativa y no impiden el desarrollo de medidas de prueba dentro de una investigación judicial.

En ese sentido, Lafourcade también descartó que el análisis de los dispositivos pueda interpretarse como una búsqueda indiscriminada de información.

"Analizar el teléfono no es pesca. No es pescar, es investigar. No podemos tener un órgano acusador sonso", afirmó el magistrado durante la audiencia.

Fuente: El Entre Ríos