El Centro de Comercio de Concordia cuestionó la derogación de la ordenanza que regulaba a las grandes superficies

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) expresó su profundo rechazo a la decisión del Concejo Deliberante de derogar la ordenanza mediante la cual la ciudad adhería a la Ley Provincial N.º 9393 de Grandes Superficies Comerciales. La institución advirtió sobre las posibles consecuencias para las pequeñas y medianas empresas locales y cuestionó que la medida se haya tomado sin una instancia de diálogo con los sectores involucrados.

A través de un comunicado, la entidad aclaró que no se opone a la llegada de nuevas inversiones ni a la apertura de comercios, pero sostuvo que la alternativa debía ser agilizar los procedimientos administrativos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, en lugar de eliminar el marco regulatorio municipal.

«La ley no prohíbe, regula», remarcó el CCISC, al recordar que la Ley Provincial N.º 9393 establece mecanismos de autorización previa, estudios de impacto y participación comunitaria para la instalación de grandes superficies comerciales, de acuerdo con su decreto reglamentario N.º 1769/2010.

La advertencia por el impacto en los comercios locales

Uno de los principales argumentos de la institución está vinculado con las consecuencias que la expansión de las grandes cadenas podría generar sobre los almacenes, autoservicios y otros comercios de cercanía.

Desde el Centro de Comercio señalaron que estos establecimientos no solo representan fuentes de empleo, sino que también contribuyen a sostener la actividad económica local mediante la reinversión de sus ingresos y la contratación de trabajadores y proveedores de la región.

En ese sentido, la entidad afirmó que por cada puesto de trabajo generado por un emprendimiento de estas características se pierden 2,4 empleos o autoempleos en el comercio local. Se trata de una estimación difundida por la institución, que también advirtió sobre el posible impacto indirecto en la cadena de suministros.

«Por eso pedimos que se mida el saldo completo», planteó el comunicado, en el que se cuestiona que la evaluación de una nueva inversión se limite a los puestos de trabajo que genera sin considerar los que podrían desaparecer en otros establecimientos.

Cuestionamientos al Municipio por las demoras y la falta de respuestas

El CCISC también apuntó contra el accionar del Municipio durante la tramitación del emprendimiento comercial involucrado en la controversia.

Según detalló la institución, realizó presentaciones formales e informales ante las autoridades municipales durante más de ocho meses para plantear sus inquietudes sobre este y otros proyectos comerciales. Mientras que, de acuerdo con el comunicado, recibió respuestas formales en otros casos, respecto de este emprendimiento aseguró haber obtenido «evasivas o ambigüedades».

Además, cuestionó la demora en el envío de la documentación a la Dirección de Comercio Interior de la provincia, que —según sostuvo— se concretó apenas 15 días antes de la apertura que pretendía realizar la empresa.

La entidad afirmó que la firma conocía, desde la solicitud del permiso de uso de suelo, que el proyecto podía quedar alcanzado por la Ley de Grandes Superficies Comerciales. También sostuvo que el emprendimiento avanzó pese a esa situación y que posteriormente se utilizó la imposibilidad de abrir como argumento ante la sociedad y los medios de comunicación.

Estos señalamientos forman parte de la posición expresada por el Centro de Comercio en su comunicado.

«Un trámite express»: el reclamo por la falta de participación

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la ausencia de instancias de consulta con las instituciones vinculadas al sector comercial.

El CCISC consideró que, si la decisión política era modificar el régimen de adhesión a la ley provincial, el debate debía haberse desarrollado públicamente y con participación de las entidades interesadas, entre ellas el propio Centro de Comercio y CASCO.

En cambio, cuestionó que la derogación se haya concretado mediante un procedimiento que calificó como «express» y que, a su entender, respondió al interés de un particular.

La institución también manifestó que ningún funcionario ni concejal se comunicó con sus representantes antes de la decisión, pese a que, según indicó, habitualmente existen contactos con las autoridades para abordar otras iniciativas.

El Centro de Comercio ratificó que seguirá defendiendo la ley

En el cierre del comunicado, la entidad reafirmó su compromiso con las pequeñas y medianas empresas de Concordia y aseguró que continuará trabajando para sostener y mejorar la aplicación de la Ley Provincial N.º 9393, que permanece vigente en el ámbito provincial.

«La Ley 9393 es una de las banderas de la institución», sostuvo el CCISC, que recordó sus casi 106 años de trayectoria y anticipó que intensificará sus gestiones en defensa del comercio local.

Finalmente, advirtió sobre el cierre de empresas registrado durante las últimas décadas y cuestionó las políticas que, a su entender, pueden profundizar las dificultades de los negocios de cercanía.

El pronunciamiento concluyó con una crítica a la modificación normativa cuando, según la institución, beneficia de manera específica a determinados intereses y deja afuera del debate a las entidades que históricamente participaron en la defensa de la regulación comercial.