La Justicia ordenó a la Municipalidad de reincorporar a un empleado y pagarle los salarios adeudados

La Justicia de Entre Ríos ordenó a la Municipalidad de Concordia reincorporar a un empleado a la planta permanente y abonarle los salarios que dejó de percibir desde febrero de 2024, luego de declarar la nulidad absoluta del decreto DEM N.º 213/2024, mediante el cual el Ejecutivo municipal había dejado sin efecto su incorporación.

La resolución fue dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Concepción del Uruguay, que consideró que el municipio no tenía facultades para revocar unilateralmente un acto administrativo que había otorgado derechos al trabajador y que ya se encontraba firme.

En su pronunciamiento, el tribunal sostuvo que, dentro del marco jurídico provincial y municipal de Entre Ríos, la administración no puede dejar sin efecto por decisión propia un acto administrativo firme, incluso cuando considere que existieron irregularidades en su origen.

Por qué la Justicia declaró nulo el decreto municipal

Los abogados patrocinantes del trabajador, María de los Ángeles Petit y Matías Llados, explicaron que, ante cuestionamientos vinculados con la legitimidad del acto administrativo, la Constitución de Entre Ríos, en su artículo 60, y la legislación vigente establecen que corresponde al Poder Judicial determinar su invalidez.

En ese sentido, señalaron que la Municipalidad debía iniciar una acción judicial de lesividad para cuestionar la incorporación del agente, en lugar de disponer directamente su baja mediante un decreto.

La Cámara entendió que el decreto derogatorio presentaba graves vicios de competencia y objeto, ya que el Ejecutivo municipal se había atribuido facultades que corresponden a los jueces. Además, consideró que la medida vulneró la estabilidad de los actos administrativos firmes y las garantías del debido proceso.

Reincorporación y pago de los salarios adeudados

Como consecuencia de la nulidad declarada, el fallo no solo ordena restituir al trabajador en su cargo, sino también pagarle los haberes que dejó de percibir desde febrero de 2024 hasta el momento de su efectiva reincorporación.

La resolución establece que esos montos deberán calcularse con una actualización del 8% mensual, más la aplicación de la Tasa Activa del Banco Nación, conforme a lo dispuesto por el tribunal.

El pronunciamiento establece un criterio sobre los límites de las facultades del Ejecutivo municipal para revocar decisiones administrativas que generaron derechos y reafirma la necesidad de respetar los procedimientos legales y las garantías constitucionales.

Por su parte, los abogados del trabajador cuestionaron la política municipal aplicada sobre el empleo público y advirtieron sobre las consecuencias económicas que podrían derivarse de este tipo de decisiones.

"Los procesos contenciosos son muy largos, recién empiezan a resolverse demandas del año 2024, pero entendemos que antes de la finalización de esta gestión, la Municipalidad tendrá que enfrentar los resultados de una política de ajuste sobre el empleado público totalmente ilegítima y responder con sumas millonarias la improvisación legal del tratamiento de este tema", expresaron.