Preocupación para los productores rurales de Entre Ríos

Cuatrerismo en Entre Ríos: un diputado nacional propone endurecer las penas y llevar las condenas hasta 15 años de prisión

El legislador entrerriano Francisco Morchio presentó un proyecto para modificar el Código Penal y establecer sanciones más severas contra el robo de ganado y las organizaciones dedicadas a esta actividad. La iniciativa también contempla multas económicas, castigos para quienes comercialicen productos de origen ilegal y nuevas agravantes cuando se utilicen vehículos o se destruyan instalaciones rurales.

El abigeato continúa siendo una preocupación para los productores rurales de Entre Ríos y otras provincias. En ese contexto, el diputado nacional Francisco Morchio presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para endurecer las penas por el robo de ganado y contemplar las nuevas modalidades de organización que intervienen en estos delitos.

La iniciativa, identificada como expediente 6090-D-2026, plantea establecer sanciones más severas para quienes participen de hechos de abigeato, especialmente cuando se trate de grupos organizados que cuentan con recursos logísticos para sustraer animales, faenarlos y comercializar sus productos fuera de los circuitos legales.

En una columna de opinión, Morchio, quien también es productor rural, expuso las dificultades que enfrentan las familias que viven y trabajan en el campo. Señaló que las distancias, la falta de recursos y la limitada disponibilidad de personal policial dificultan las tareas de prevención y respuesta ante este tipo de delitos.

"El abigeato dejó de ser un simple robo de animales", sostuvo el legislador, al advertir que detrás de estos hechos pueden existir organizaciones que cuentan con transporte, herramientas especializadas y circuitos clandestinos de faena y comercialización.

Qué penas propone el proyecto contra el abigeato

Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra el endurecimiento de las sanciones cuando los delitos se cometan con determinadas modalidades o circunstancias agravantes.

En ese sentido, el proyecto contempla penas más severas cuando intervengan varias personas, se utilicen vehículos motorizados, se destruyan alambrados o tranqueras y existan estructuras logísticas destinadas a facilitar el robo de ganado.

Además, propone penas de hasta 15 años de prisión para las organizaciones que se dediquen habitualmente al robo de animales y a la comercialización de sus productos.

Otro de los aspectos incluidos es la incorporación de sanciones para quienes adquieran, faenen o comercialicen ganado y productos cárnicos provenientes de circuitos delictivos, sin cumplir con los controles sanitarios obligatorios.

La propuesta también establece multas económicas que podrían alcanzar hasta 15 veces el valor del ganado sustraído.

Según explicó Morchio, el objetivo es alcanzar no solamente a quienes ejecutan materialmente el robo, sino también a los integrantes de la cadena que permite colocar los productos en el mercado.

Las cifras del abigeato que expuso el diputado

Para fundamentar la necesidad de avanzar con cambios legislativos, el diputado mencionó cifras de Santa Fe y Entre Ríos.

En el caso de Santa Fe, señaló que se registraron 998 legajos por abigeato durante 2023 y 2.422 ingresos por abigeato y/o delitos rurales en 2024.

Respecto de Entre Ríos, hizo referencia a situaciones registradas en el departamento La Paz y en las inmediaciones de Bovril, donde, según los fundamentos del proyecto, se contabilizaron entre 70 y 80 animales faenados en pocos meses.

El legislador sostuvo que estos episodios reflejan el impacto económico que el delito tiene sobre los productores y las economías rurales, además de los riesgos sanitarios asociados a la comercialización de carne fuera de los controles correspondientes.

"El campo no puede quedar a la buena de Dios"

En su planteo, Morchio también cuestionó determinados criterios judiciales que, según su interpretación, terminan relativizando la gravedad de algunos hechos de abigeato.

En particular, se refirió a los argumentos vinculados al supuesto consumo de subsistencia y sostuvo que las situaciones de necesidad no deben utilizarse para justificar la sustracción de ganado ni desconocer el perjuicio que representa para los productores.

"En el campo, incluso la pérdida de uno o dos animales puede representar un daño económico importante", expresó.

Finalmente, el diputado consideró que la respuesta del Estado debe combinar medidas de prevención, mayores recursos para la seguridad rural y herramientas legales que contemplen las características de estos delitos.

"El campo no puede quedar a la buena de Dios", afirmó Morchio, al remarcar que detrás de cada establecimiento existen familias, trabajadores y productores que generan alimentos, empleo y desarrollo.

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