Compromiso por Concordia advierte irregularidades en la Emergencia Ambiental y exige explicaciones al Municipio

El partido Compromiso por Concordia encendió la polémica en torno a la reciente declaración de Emergencia Ambiental en Concordia, al difundir un informe técnico que cuestiona la legalidad de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.

El documento, elaborado por especialistas jurídicos y contables del espacio, advierte sobre presuntos “vicios de inconstitucionalidad parcial” y una falta de razonabilidad en la normativa, especialmente en lo referido a las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo para realizar contrataciones directas en el servicio de recolección de residuos.

Según el análisis, la declaración de emergencia no estaría sustentada en una situación excepcional, sino que respondería a deficiencias acumuladas en la gestión del sistema. En ese sentido, califican la medida como una herramienta que podría eludir los mecanismos habituales de transparencia y control que rigen las licitaciones públicas.

Uno de los puntos más críticos señalados es el volumen de recursos que podría manejarse bajo este esquema. El informe advierte que el régimen habilitaría gastos por hasta 28.800 millones de pesos sin una definición precisa del destino, además de permitir una eventual reorganización del servicio por un plazo de hasta seis años, pese a que la emergencia fue declarada por un año.

Dudas por la intervención de privados
El espacio político también planteó interrogantes sobre la posible participación de una empresa privada en la prestación del servicio. Según el relevamiento, existirían indicios de que ya estaría operando en la ciudad sin que se haya informado públicamente la formalización de un contrato.

“Que una empresa trabaje antes de que la contratación esté formalmente perfeccionada es una situación de extrema gravedad administrativa”, advierte el documento, que también señala la posible omisión de requisitos establecidos en la Ley Provincial N.º 10.311, como la presentación de un plan de gestión integral y un cronograma para la erradicación de basurales.

Reclamo de transparencia
Ante este escenario, Compromiso por Concordia solicitó al Ejecutivo municipal la suspensión inmediata de cualquier prestación que no cuente con respaldo legal y exigió precisiones sobre el proceso de contratación.

Entre los puntos planteados, se destacan interrogantes sobre la fecha de formalización de la contratación, los actos administrativos involucrados, los funcionarios intervinientes y la documentación respaldatoria del procedimiento.

Desde el espacio aclararon que su postura responde a un análisis técnico y legal, y no a una posición ideológica respecto al modelo de gestión del servicio. En ese marco, concluyeron con una advertencia: “La emergencia no puede ser un cheque en blanco”.

El informe lleva las firmas de profesionales de distintas áreas, entre ellos los contadores Álvaro E. Sierra y Guido Longo; la licenciada Silvia Dri; y los abogados Pablo Lapiduz, Victoria Gallo, Carlos Ruiz Díaz y Ana Carolina Sigot.