La Corte Suprema dejó firme la condena y Sergio Urribarri deberá volver a prisión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves 3 de septiembre los recursos extraordinarios presentados por el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario, y dejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en la denominada Megacausa por delitos de corrupción.

La resolución implica que Urribarri, Báez y Aguilera deberán regresar a la Unidad Penal de Paraná para cumplir las penas impuestas. Según pudo conocer ANÁLISIS, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención inmediata de los tres condenados ante el "posible peligro de fuga". La medida podría concretarse este viernes.

Los tres regresarían a las mismas celdas que ocuparon durante su anterior período de detención. Luego, la jueza de Ejecución, Cecilia Bértora, deberá analizar los planteos que eventualmente presenten las defensas, entre ellos un posible pedido de prisión domiciliaria.

La Corte rechazó los recursos sin analizar el fondo

La decisión fue adoptada en el expediente CSJ 2226/2024 y también alcanzó a Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, por lo que la totalidad de las condenas dictadas en el megajuicio quedó firme.

El fallo de la Corte consta de apenas un párrafo y declara inadmisibles los recursos que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había concedido parcialmente el 22 de octubre de 2024.

Para ello, el máximo tribunal aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que permite rechazar un recurso extraordinario sin ingresar al análisis de fondo de los planteos realizados por las partes.

Los tres integrantes de la Corte coincidieron en la decisión.

Las condenas contra Urribarri, Báez y Aguilera

La sentencia original fue dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno.

En aquella oportunidad, Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

En tanto, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión.

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull habían solicitado una pena de 12 años para el exgobernador y estimado el perjuicio ocasionado al Estado provincial en más de siete millones de dólares.

Cuando se conoció aquella sentencia, Urribarri se desempeñaba como embajador argentino en Israel y Chipre. Poco después del veredicto presentó su renuncia al cargo.

Una causa que reunió tres investigaciones

La denominada Megacausa Urribarri reunió tres expedientes relacionados con el presunto uso irregular de fondos públicos.

Uno de ellos investigó la pauta publicitaria oficial adjudicada a Global Means, empresa vinculada a Germán Buffa, pese a que la firma no tenía existencia real ni figuraba en el registro de proveedores del Estado.

El segundo expediente correspondió a la denominada causa de las imprentas, en la que las empresas Tep SRL y Next SRL, atribuidas a Aguilera, concentraron durante varios años el negocio de la cartelería en la vía pública.

El tercer expediente fue conocido como Sueño Entrerriano e incluyó una solicitada contra los fondos buitre, un parador playero en Mar del Plata valuado en 14 millones de pesos y el pago de 28 millones de pesos a la productora Nelly Entertainment por tres spots vinculados con la Cumbre del Mercosur de 2014.

La acusación sostuvo que esos recursos públicos fueron utilizados para favorecer la entonces proyectada candidatura presidencial de Urribarri.

Del juicio a la condena firme

El camino judicial hasta llegar a la decisión de la Corte Suprema se extendió durante varios años.

En mayo de 2023, la Cámara de Casación Penal confirmó las condenas. Posteriormente, en abril de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó las quejas de las defensas.

En septiembre de ese año, el tribunal de juicio rechazó por mayoría la prisión de los condenados y estableció una serie de restricciones: fijar domicilio, presentarse semanalmente ante la Fiscalía, entregar los pasaportes y afrontar una caución de 20 millones de pesos cada uno.

Sin embargo, en octubre de 2024, el propio STJ entrerriano concedió los recursos extraordinarios federales y habilitó la llegada del expediente a la Corte Suprema.

En noviembre de ese mismo año, a pedido del Ministerio Público Fiscal, Casación dispuso las prisiones preventivas.

Urribarri y Aguilera ingresaron a la Unidad Penal de Paraná el 22 de noviembre de 2024 y permanecieron detenidos hasta el 8 de enero de 2025, cuando el STJ, durante la feria judicial, ordenó sus respectivas libertades.

Báez, en tanto, permaneció bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica.

Urribarri quedó sujeto a una restricción que le impedía salir de Concordia, mientras que Aguilera tenía una limitación similar respecto de Paraná, aunque posteriormente decidió fijar residencia en General Campos.

El recurso de queja de las defensas comenzó a ser analizado por la Corte en octubre de 2025 y finalmente fue resuelto este jueves, poco después de las 13.

Urribarri, ante un hecho histórico para Entre Ríos

Con el fallo de la Corte Suprema, Sergio Urribarri se convierte en el primer exgobernador de Entre Ríos en cumplir una condena de prisión por corrupción que quedó firme en todas las instancias judiciales.

El dirigente peronista ya había quedado en la historia política entrerriana por haber sido el primer gobernador de la provincia en conseguir una reelección consecutiva.

Ahora, la decisión del máximo tribunal agrega un nuevo capítulo a su trayectoria política y judicial.

Las otras causas que siguen abiertas

La condena que quedó firme este jueves corresponde exclusivamente a la Megacausa y no debe confundirse con otros procesos judiciales que involucran a Urribarri y que todavía no tienen sentencia firme, según consignó ANÁLISIS.

Una de las investigaciones pendientes es la causa por enriquecimiento ilícito, iniciada a partir de una publicación de ese medio en noviembre de 2015 sobre el crecimiento patrimonial del exgobernador y su grupo familiar.

La pericia contable realizada por el Ministerio Público Fiscal estableció que entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 Urribarri habría incrementado su patrimonio en 1.546.772 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros, montos que, según la acusación, no pudo justificar.

Los fiscales Yedro y Badano solicitaron cinco años y seis meses de prisión para el exgobernador y cinco años para el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, señalado como presunto testaferro.

Las audiencias de remisión a juicio se desarrollaron entre marzo y abril de este año y el debate oral está previsto para 2027.

También continúa la denominada causa Coimas, originada en una denuncia de ANÁLISIS de 2017 por el presunto favorecimiento sistemático a la firma RELCAT, vinculada a Cardona Herreros, en contratos de software para la administración provincial.

La causa ya fue elevada a juicio y existe un pedido fiscal de 10 años de prisión, aunque todavía no tiene fecha de debate.

Por su parte, Báez también tiene pendiente la elevación a juicio de una investigación por enriquecimiento ilícito, iniciada en 2016, en la que la Fiscalía solicitó cinco años de prisión.

Aguilera y la causa de los contratos truchos

La situación judicial de Juan Pablo Aguilera tampoco termina con el fallo de la Corte Suprema.

El cuñado de Urribarri es uno de los 18 acusados que deberán afrontar el juicio oral por la denominada causa de los contratos truchos de la Legislatura, investigación que expuso uno de los mayores desfalcos documentados en la historia reciente de Entre Ríos.

De acuerdo con la acusación fiscal, entre enero de 2008 y septiembre de 2018 se habrían desviado alrededor de 53 millones de dólares mediante contratos de locación de obra con personas que nunca prestaron servicios para el Estado.

El expediente identifica a 796 contratistas de papel.

La investigación salió a la luz el 20 de septiembre de 2018, cuando un procedimiento policial en un cajero del Nuevo Banco de Entre Ríos detectó a personas retirando dinero con tarjetas de débito pertenecientes a terceros.

El 17 de julio de 2026, la jueza de Garantías Marina Barbagelata dictó el auto de apertura a juicio, luego del requerimiento de los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Gonzalo Badano.

Para Aguilera, la Fiscalía solicitó 16 años de prisión, una de las penas más elevadas entre los acusados.

El nombre de Urribarri también aparece en la investigación

Aunque Sergio Urribarri no está imputado en ese expediente, su nombre aparece mencionado en la acusación fiscal.

Según el Ministerio Público Fiscal, Sergio Cardoso, director administrativo contable de la Cámara de Diputados, habría actuado siguiendo instrucciones del entonces presidente del cuerpo para exigir a determinados legisladores la firma de contratos presuntamente apócrifos.

Por este motivo, Urribarri deberá comparecer eventualmente en el juicio en calidad de testigo, ya que fue ofrecido por la defensa de Alfredo Bilbao.

Su situación podría ser analizada en otro expediente: la denominada Contratos II, investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal en noviembre de 2025 para determinar las eventuales responsabilidades políticas vinculadas con el desfalco.

En marzo de 2026 fueron citados para presentarse y designar abogados los exvicegobernadores Adán Bahl, José Cáceres y Eduardo Lauritto, además de los expresidentes de la Cámara de Diputados José Allende y Sergio Urribarri.