Salto Grande: Cielo Petit cuestionó la desigualdad en las indemnizaciones y pidió reparar los daños aguas abajo

La exdiputada nacional María de los Ángeles Petit reclamó avanzar en mecanismos de reparación para las localidades ubicadas aguas abajo de la represa de Salto Grande y cuestionó la diferencia entre las indemnizaciones que reciben los propietarios de terrenos aguas arriba y los daños que deben afrontar las ciudades ribereñas del río Uruguay.

En una nota de opinión titulada “Aguas arriba indemnizan, aguas abajo destruyen: la asimetría de Salto Grande”, Petit respaldó el proyecto de ley presentado por el diputado provincial Enrique Cresto, que propone crear un fondo de reparación y recuperación destinado a comerciantes, emprendedores privados y clubes deportivos afectados por las inundaciones.

Según planteó la exlegisladora, la iniciativa es resultado de varios años de gestiones ante la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), con el objetivo de establecer un mecanismo de compensación para los sectores perjudicados por las crecidas del río.

El reclamo por las diferencias en las indemnizaciones

Petit recordó que, después de las inundaciones de diciembre de 2015, durante la gestión de Cresto al frente de la Municipalidad de Concordia, comenzaron las gestiones para que la CTM aplicara aguas abajo un procedimiento de indemnización similar al que beneficia a los propietarios de terrenos ubicados aguas arriba del complejo hidroeléctrico.

En su análisis, la exdiputada señaló que el esquema de la CTM contempla indemnizaciones directas para los propietarios afectados por el crecimiento del embalse por encima de la cota de expropiación, establecida en 35,50 metros.

En contrapartida, sostuvo que las localidades situadas aguas abajo soportan consecuencias económicas, ambientales y sociales vinculadas con las erogaciones de agua de la represa, sin contar con un mecanismo equivalente de compensación.

“Mientras que aguas arriba se indemniza el uso del suelo, aguas abajo las ciudades sufren en soledad la destrucción de sus paseos costeros, la erosión sistemática de las márgenes del río, el colapso recurrente de las tomas de agua potable y el enorme costo económico que implica atender las emergencias por inundación”, afirmó.

En ese sentido, Petit consideró que los municipios y sus habitantes no deberían asumir de manera desigual los costos derivados del manejo del río para garantizar la generación eléctrica y proteger las propiedades afectadas por el embalse.

Por qué propone utilizar los recursos de CAFESG

Uno de los puntos centrales del planteo es el mecanismo previsto para implementar la reparación. Petit destacó la posibilidad de que la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) actúe como organismo ejecutor del fondo, debido a que dispone de recursos provenientes de los excedentes de la CTM.

De acuerdo con su argumentación, esta alternativa permitiría avanzar administrativamente sin que la condición binacional de Salto Grande se convierta en un obstáculo para instrumentar una política de compensación destinada a las localidades ribereñas.

La exdiputada también fundamentó su reclamo en las obligaciones de protección ambiental y reparación de los daños previstas en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 85 de la Constitución de Entre Ríos.

Además, sostuvo que existen antecedentes en otras regiones del país donde se aplican mecanismos de compensación territorial vinculados con la actividad hidroeléctrica.

Entre los ejemplos mencionó los complejos El Nihuil y Agua del Toro, en Mendoza; El Chocón, en Neuquén y Río Negro; y la Entidad Binacional Yacyretá. Según indicó, estos casos contemplan distintos instrumentos de financiamiento destinados a obras de mitigación, saneamiento ambiental y protección de las costas.

Las obras pendientes y el cambio climático, en el centro del debate

En su nota, Petit advirtió que la discusión sobre las compensaciones debe integrarse a una agenda más amplia de prevención y adaptación frente a las inundaciones que afectan a las ciudades de la costa del río Uruguay.

En particular, planteó la necesidad de revisar las cotas y los niveles de inundación utilizados como referencia, al considerar que las sucesivas crecidas y bajantes modificaron las condiciones que enfrentan las localidades ribereñas, especialmente Concordia.

También cuestionó la paralización de obras de mitigación que contaban con financiamiento internacional, la falta de continuidad de proyectos de saneamiento y las respuestas que, a su entender, se limitan a medidas coyunturales frente a fenómenos climáticos extremos como El Niño.

Para la exlegisladora, la problemática requiere planificación a largo plazo, obras de infraestructura y coordinación entre los distintos niveles del Estado, más allá de las acciones que se implementan durante cada emergencia.

Un llamado a legisladores e intendentes de la región

Finalmente, Petit instó a los legisladores e intendentes de las localidades de la costa del río Uruguay a considerar el proyecto de creación del fondo como una oportunidad para avanzar en una reparación histórica y establecer herramientas que permitan afrontar futuras inundaciones.

La exdiputada planteó que el debate no debería limitarse a la asistencia posterior a las crecidas, sino que tendría que incluir políticas de compensación, prevención y protección de las comunidades afectadas.

La iniciativa impulsada por Cresto propone, en ese marco, abrir una discusión sobre la distribución de los recursos vinculados a Salto Grande y el reconocimiento de los daños que afrontan los sectores productivos, sociales y urbanos ubicados aguas abajo de la represa.