El fiscal de Estado ratificó la acción civil para recuperar $392 millones en la Causa Contratos

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, participó este martes de una nueva audiencia en el marco de la Causa Contratos de la Legislatura, donde ratificó la decisión del Gobierno provincial de sostener la acción civil como actor en el proceso penal con el fin de procurar la reparación patrimonial de los fondos públicos presuntamente desviados.

“El Gobierno de Entre Ríos, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, procura la reparación patrimonial del daño a través de todos los canales jurídicos posibles. La participación de la Fiscalía de Estado como actor civil es un paso fundamental dentro de ese plan de recupero”, expresó Rodríguez Signes.

El funcionario recordó que la Fiscalía de Estado es un órgano autónomo en el ejercicio de sus competencias y que cuenta con la legitimación suficiente para promover acciones civiles sin requerir autorización de otros organismos.

“Nuestro deber es defender el patrimonio de la provincia, por eso ejercemos la acción civil contra los imputados, con base en la prueba producida y en los contratos irregulares detectados”, subrayó.

Reclamo por $392 millones

De acuerdo con las pericias realizadas en la investigación, el perjuicio patrimonial reclamado por la provincia asciende a 392 millones de pesos, monto que constituye la base de la demanda civil presentada por el Estado entrerriano.

Rodríguez Signes destacó la trascendencia institucional de la causa:

“Se trata de un hecho de gran magnitud, que involucra acusaciones de peculado y asociación ilícita. La acción de la provincia busca garantizar que, además de las responsabilidades penales, se concrete la reparación del daño ocasionado al erario público”.

En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos avanza en la revisión de los contratos irregulares para declarar su nulidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 604, que instruyó a las cámaras legislativas a intervenir en el tema.

Finalmente, el fiscal concluyó:

“Defender el interés de la provincia implica utilizar todas las herramientas legales, democráticas y constitucionales para reparar el daño y recuperar lo que irregularmente salió del patrimonio público”