Tras seis suicidios en el año, la Policía de Entre Ríos anuncia un plan integral de bienestar y modernización

La Policía de Entre Ríos anunció este martes un plan integral de “reorganización, modernización y bienestar” tras confirmarse que en lo que va del año se registraron seis suicidios de personal policial.

El parte oficial informó que las medidas buscan “fortalecer la función policial y el bienestar del personal, adecuando la institución a las necesidades actuales de la sociedad”.

Restricción del arma reglamentaria

Una de las decisiones más relevantes es que los efectivos podrán portar su arma reglamentaria únicamente durante el turno de servicio. No obstante, aún no se precisó cómo se implementará la medida ni el mecanismo de entrega y custodia de las armas fuera del horario laboral.

Reorganización y presencia territorial

El plan incluye la reubicación de efectivos que cumplían tareas administrativas en comisarías hacia funciones operativas, con el objetivo de reforzar la presencia policial en las calles y garantizar que los agentes puedan tomar licencias sin afectar el servicio.

División Bienestar Policial

Se creó la División Bienestar Policial, que tendrá a su cargo la atención integral de la salud física y mental del personal. Sus funciones incluyen:

• Controles médicos periódicos y evaluaciones de salud anuales.
• Planes de actividad física progresiva.
• Protocolos de acompañamiento para situaciones críticas.

Formación y profesionalización

Con el objetivo de mejorar la formación, la Policía informó que:

• Se actualizan los perfiles de selección de nuevos agentes, incorporando evaluaciones psicológicas y competencias acordes a las demandas actuales.
• Se estudia que el cuarto año de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana se curse de manera virtual, para que los oficiales egresen y se incorporen de inmediato a la función.
• Se implementarán controles de alcoholemia y consumo de estupefacientes al personal en servicio.

Nuevos protocolos de actuación

Finalmente, se encuentra en análisis en el Ministerio Público Fiscal un Protocolo de Uso Racional de la Fuerza, elaborado con la participación de la Dirección de Derechos Humanos, que incorpora el uso de armas no letales como herramientas complementarias en las intervenciones policiales.