Diputados rechazaron el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad con apoyo de bloques opositores y aliados

Tras varias semanas de incertidumbre, la Cámara de Diputados convirtió en un duro traspié para el Gobierno el intento de Javier Milei de frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad. En una sesión cargada de tensiones políticas, el recinto rechazó el veto presidencial con 172 votos a favor, 73 en contra, 2 abstenciones y 10 ausencias, superando así la mayoría especial de 165 avales necesarios.

El resultado fue posible gracias a la confluencia de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, bloques federales, radicales disidentes y un grupo de aliados del oficialismo, que esta vez se pronunciaron en contra del Presidente.

Entre los acompañamientos claves estuvieron los 2 santafesinos de Futuro y Libertad, 2 de La Libertad Avanza, 2 del MID, 5 del PRO y 2 de Producción y Trabajo. En total, 13 votos provinieron de espacios cercanos al oficialismo que decidieron desmarcarse para respaldar la norma.

Del lado del rechazo al proyecto se ubicaron 34 diputados de La Libertad Avanza, 26 del PRO y 6 de la Liga del Interior, además de referentes radicales alineados a gobernadores provinciales. Dos diputadas del PRO, María Eugenia Vidal y Gabriela Besana, optaron por la abstención, mientras que entre los ausentes destacaron Atilio Benedetti (UCR, Entre Ríos) y Silvia Lospennato (PRO, Buenos Aires).

La votación mostró además un fuerte corrimiento respecto de la media sanción del 4 de junio pasado, cuando la ley había sido aprobada con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones. En esta nueva sesión, varios legisladores que antes se habían abstenido o ausentado se sumaron a la afirmativa, entre ellos Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro (LLA), Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID), Álvaro González (PRO) y seis integrantes de Innovación Federal.

La decisión de Diputados supone un golpe político directo a la estrategia legislativa de Milei, al dejar sin efecto un veto presidencial que el Gobierno buscaba blindar. La oposición celebró la sanción como un paso hacia la protección de los derechos de las personas con discapacidad, mientras que en el oficialismo advirtieron que la medida compromete recursos fiscales.