2025-12-02

Condena por corrupción en la Municipalidad de Concordia

Juicio abreviado: condenaron a la exconcejal Julia Sáenz y a su pareja por exigir parte de salarios a empleados municipales

La exconcejal del PJ Julia Elena Sáenz y su esposo, Carlos Alberto Gómez, recibieron una pena de tres años de prisión condicional, multas e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Ambos admitieron haber exigido a contratados municipales parte de sus sueldos a cambio de garantizarles la continuidad laboral.

En un juicio abreviado realizado este martes por la mañana, la exconcejal de Concordia, Julia Elena Sáenz, y su pareja, Carlos Alberto Gómez, fueron condenados por hechos de Concusión Agravada y Tráfico de Influencias, cometidos entre 2015 y 2020, según la acusación fiscal.

La causa determinó que Sáenz —quien integró el bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante entre 2019 y 2023— utilizaba su cargo para exigir a empleados y contratados municipales la entrega de un porcentaje de sus salarios, bajo la promesa de garantizar la continuidad de sus vínculos laborales.

Admisión de los hechos y sentencia

De acuerdo con la información publicada por El Entre Ríos, ambos imputados admitieron la existencia de los hechos delictivos, lo que permitió avanzar en el juicio abreviado.

La sentencia impuso:

  • 3 años de prisión condicional para ambos
  • Multa de $1.500.000 cada uno
  • Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos

Además, deberán cumplir reglas de conducta durante tres años, conforme al artículo 27 bis del Código Penal, entre ellas:

  • Informar domicilio y cambios de residencia
  • Abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de alcohol en lugares públicos
  • Acreditar un oficio o actividad laboral
  • Realizar 150 horas de trabajos comunitarios durante los primeros dos años
  • Presentarse cada cuatro meses ante la Oficina de Medios Alternativos para control de cumplimiento

La maniobra: abuso de poder y pedido de dinero

La estructura delictiva investigada consistía en que Sáenz, aprovechando su rol político, exigía sumas ilegales a trabajadores municipales, condicionando la continuidad de sus contratos a estos pagos indebidos.

La denuncia inicial de una de las víctimas permitió avanzar en la causa, que fue robustecida con:

  • Testimonios de otros empleados afectados
  • Pruebas documentales
  • Informes de transferencias bancarias que acreditaron los pagos exigidos

Un fallo que marca precedente

La condena se inscribe en una serie de investigaciones por corrupción dentro de administraciones municipales y resalta la gravedad del abuso de poder en el manejo de contratos públicos. Con la sentencia firme, Sáenz y Gómez quedan fuera de toda posibilidad de ocupar cargos públicos, en un fallo que busca dar un mensaje de transparencia institucional.

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