Sumarios e intimaciones a dos agentes provinciales
Entre Ríos reclama más de $20 millones a dos empleados públicos por inasistencias y pagos indebidos
El Gobierno de Entre Ríos dispuso la apertura de sumarios administrativos contra dos empleados vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano y avanzó con el reclamo para recuperar más de 20 millones de pesos que habrían sido percibidos de manera indebida por ambos agentes.
La decisión fue oficializada mediante dos decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial y llevan la firma del gobernador Rogelio Frigerio. Además de ordenar las investigaciones administrativas correspondientes, las resoluciones aprueban las liquidaciones de las sumas reclamadas e intiman a los involucrados a reintegrar el dinero en un plazo de 30 días corridos desde su notificación.
Reclaman más de $18 millones a una agente por presuntas inasistencias injustificadas
Uno de los expedientes involucra a Mariela Isabel Rosales, agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano. Según se desprende del decreto, la trabajadora registra presuntas inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo, una conducta que podría encuadrarse en faltas pasibles de sanción, incluida la cesantía, conforme a la normativa vigente.
Tras la investigación administrativa preliminar, la Provincia determinó que Rosales habría percibido haberes de manera indebida por un monto de 18.658.370,81 pesos. A esa cifra deberán sumarse los intereses calculados de acuerdo con la tasa activa del Banco Nación hasta el momento de su efectiva devolución.
El segundo caso involucra a un trabajador de un comedor escolar
El otro decreto alcanza a Leandro Alberto Díaz, quien prestaba servicios en el comedor escolar de la Escuela Nº 6 “Lomas del Mirador” de la ciudad de Paraná.
De acuerdo con la resolución oficial, el agente estaría presuntamente comprendido en una de las causales previstas en el Marco de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos. En este caso, la liquidación aprobada por el Ejecutivo provincial asciende a 1.632.757,86 pesos, monto al que también se adicionarán los intereses correspondientes desde la fecha en que se habrían producido los pagos indebidos.
Intimación y posibles acciones judiciales
En ambos expedientes, el Gobierno provincial intimó formalmente a los agentes para que restituyan las sumas reclamadas dentro de un plazo considerado "perentorio e improrrogable" de 30 días corridos.
Las resoluciones establecen además que, si no se concreta el reintegro voluntario de los fondos, deberá intervenir la Fiscalía de Estado para impulsar las acciones legales necesarias con el objetivo de recuperar el dinero adeudado, incluyendo intereses, gastos y honorarios que pudieran generarse durante el proceso.
Más de $20 millones bajo reclamo
Las medidas forman parte de los procedimientos que viene desarrollando la administración provincial para investigar presuntas irregularidades dentro del empleo público y avanzar en el recupero de fondos cuando se detectan pagos considerados improcedentes.
En total, los montos reclamados en ambos expedientes superan los 20,2 millones de pesos, cifra que continuará incrementándose debido a los intereses acumulados hasta que se produzca la eventual restitución de los fondos.