Causa por presunto enriquecimiento ilícito
La defensa de Bordet recusó al fiscal José Arias y pidió que sea apartado de la investigación
La defensa del diputado nacional y exgobernador entrerriano Gustavo Bordet presentó un pedido de recusación contra el fiscal José Emiliano Arias ante el Juzgado de Garantías Nº 2, con el objetivo de que sea apartado de la investigación que se sigue sobre el patrimonio del exmandatario.
La presentación fue realizada por el abogado Jorge Romero, quien sostuvo que la medida busca "garantizar que la investigación se desarrolle con objetividad, transparencia y legitimidad, despejando cualquier sospecha sobre la actuación de quien la conduce".
Cuestionamientos por la pérdida de objetividad
Según el escrito, desde el inicio de la causa, en febrero de 2024, el fiscal Arias habría perdido progresivamente la objetividad que exige el ejercicio de su función.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona la presunta difusión pública de información reservada de la causa, incluyendo escritos, resoluciones y otros elementos que, según afirma, trascendieron antes de ser notificados formalmente a las partes.
Para Romero, esta situación no solo compromete la reserva del expediente, sino que además habría contribuido a instalar públicamente una hipótesis de culpabilidad sobre Bordet antes de que exista una definición procesal.
"Una cosa es investigar y otra muy distinta es utilizar información de una investigación para instalar públicamente una determinada versión de los hechos. La defensa no tiene que enterarse por terceros de lo que sostiene el fiscal en un expediente que debe conocer formalmente", expresó el abogado.
"Condena mediática" y presunción de inocencia
La recusación sostiene que Arias habría emitido opiniones extrajudiciales sobre el resultado de la investigación y presentado como acreditada su hipótesis delictiva, pese a que, según remarca la defensa, Bordet continúa siendo investigado, no fue formalmente imputado y no existe una sentencia que determine responsabilidades penales.
En ese sentido, Romero afirmó que esa conducta afecta el principio de inocencia y genera un temor objetivo respecto de la imparcialidad del fiscal.
Además, aclaró que el pedido de apartamiento no busca frenar la causa.
"Bordet está a disposición de la Justicia y nunca se planteó otra cosa. Lo que reclamamos es que la investigación sea conducida por un fiscal que preserve la objetividad, respete la reserva de las actuaciones y garantice las reglas del debido proceso", sostuvo.
Plantean dudas sobre la imparcialidad por un supuesto vínculo político
Otro de los puntos incorporados en la recusación hace referencia al contexto político en el que se desarrolla la investigación. La defensa señaló que existe preocupación por el supuesto vínculo personal que se atribuye al fiscal Arias con el intendente de Concordia, Francisco Azcué.
Romero aclaró que ese hecho, por sí solo, no demuestra una conducta irregular, aunque consideró que debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar la objetividad del fiscal.
"Cuando existe un vínculo personal entre quien conduce una investigación y un dirigente político que puede resultar beneficiado por el debilitamiento de otro dirigente, la Justicia debe extremar los cuidados para despejar cualquier sospecha de utilización política", manifestó.
También cuestionan procedimientos y antecedentes del fiscal
La defensa incluyó además cuestionamientos sobre distintos procedimientos realizados a personas vinculadas al entorno del exgobernador, al considerar que podrían haber tenido un efecto intimidatorio más allá de la recolección de pruebas.
Finalmente, el escrito recuerda antecedentes en los que el propio Arias promovió recusaciones contra otros funcionarios judiciales por supuesta falta de objetividad y sostiene que ese mismo criterio debería aplicarse ahora para analizar su actuación.
Romero concluyó que el pedido no pretende impedir el avance de la investigación, sino asegurar que el proceso sea llevado adelante por un funcionario que ofrezca las garantías de imparcialidad y debido proceso previstas por la ley.