El Gobierno disolverá Vialidad Nacional y organismos viales en el marco de la reforma del transporte

Este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno nacional disolverá la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como parte de un profundo proceso de reorganización del Estado. La medida forma parte de la estrategia de aplicación de la Ley Bases, cuyas facultades delegadas por el Congreso vencen este miércoles 9 de julio.

“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, afirmó Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que vinculó esta decisión con la causa judicial que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por irregularidades en la concesión de obras viales durante su gobierno. En ese contexto, el vocero exhibió un video con un repaso de informes periodísticos y fragmentos del juicio que involucran también al empresario Lázaro Báez.

Según explicó, las competencias de los organismos disueltos serán absorbidas por una nueva entidad denominada Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que funcionará como autoridad de aplicación en materia de fiscalización de concesiones viales y reordenamiento normativo del sistema.

En paralelo, Adorni informó que el Ejecutivo dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, con el objetivo de “recuperar la infraestructura vial luego de décadas de despilfarro y corrupción”, según sus palabras.

Contexto político

El anuncio se produce a tan solo dos días del vencimiento del plazo legal para implementar las facultades especiales otorgadas al Ejecutivo por la Ley Bases, recientemente aprobada en el Congreso. En ese marco, se esperan nuevas medidas de impacto institucional orientadas a reducir estructuras estatales y privatizar o concesionar servicios públicos bajo control del Estado.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una transformación estructural, que busca eliminar prácticas de corrupción en la obra pública y promover mayor eficiencia en el gasto estatal. Sin embargo, desde sectores opositores ya se anticipan reclamos por posibles despidos, pérdida de capacidad técnica del Estado y desmantelamiento de organismos clave para la seguridad vial y el desarrollo de infraestructura.