Organizaciones reclaman al Gobierno de Entre Ríos informes sobre la caza de animales autóctonos

Cinco organizaciones ambientales y de bienestar animal exigieron al Gobierno provincial que brinde información precisa y detallada sobre la reciente habilitación de la caza deportiva de aves nativas y la caza comercial de coipos, autorizadas a través de las resoluciones Nº 0714/25 y Nº 1194/25.

La presentación, fechada el 24 de septiembre y dirigida al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, fue firmada por CEYDAS, Ayuda Animal, Conciencia Animal, Ecoguay Gualeguay y Luz del Ibirá. Las ONG apelan a la Ley Nacional 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental y al Acuerdo de Escazú, que garantizan el derecho ciudadano a acceder a información vinculada al ambiente.

Qué reclaman las organizaciones

Entre los puntos centrales, las entidades solicitaron al Gobierno:

• Estudios poblacionales de patos, perdices y coipos realizados en 2023 y 2024, que deberían sustentar las resoluciones que habilitan la caza.
• Evaluaciones técnicas sobre el estado general de la fauna silvestre y medidas de conservación adoptadas.
• Marco normativo vigente que regula la caza deportiva y comercial en Entre Ríos.
• Requisitos de inscripción y funcionamiento de los cotos de caza y del turismo cinegético.
• Listado de empresas habilitadas en los últimos cinco años, con la ubicación georreferenciada de los predios donde se realizan las actividades.
• Registros de cazadores nacionales y extranjeros, incluyendo permisos, antecedentes legales y credenciales de legítimo usuario de armas emitidas por la ANMaC.
• Permisos de caza concedidos a extranjeros, junto con la documentación para el ingreso de armas al país.
• Planillas de contingentes de caza presentadas por agencias de turismo y empresas del rubro.
• Datos sobre la fiscalización estatal, incluyendo inspectores habilitados, cantidad de actas de infracción, vehículos disponibles y recorridas realizadas en los últimos años.

Sospechas de ocultamiento de información

Las organizaciones remarcaron que este pedido no es nuevo: ya en 2024 habían presentado un requerimiento similar a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, sin obtener respuesta alguna. Esa omisión, sostienen, constituye un incumplimiento deliberado de la normativa nacional y del Acuerdo de Escazú, que obligan al Estado a transparentar información pública ambiental.

Ante esta situación, las ONG advirtieron que, de repetirse la falta de respuesta, recurrirán a la Justicia para exigir que se cumpla con la normativa vigente y se frene lo que consideran un modelo de turismo que atenta contra la biodiversidad entrerriana.

“El Gobierno habilita cotos de caza y recibe cazadores extranjeros para aniquilar especies autóctonas, pero se niega a mostrar la información en la que basa esas decisiones”, alertaron desde las entidades firmantes.