Allanamientos en Vialidad: Revelan múltiples irregularidades y posibles perjuicios millonarios al Estado entrerriano

Los allanamientos realizados en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) por orden del Ministerio Público Fiscal no serían un hecho aislado. De acuerdo con un extenso documento enviado al portal Análisis, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos (TCER) tiene en trámite numerosos expedientes que exponen un entramado de presunta corrupción dentro del organismo vial.

Entre las irregularidades detectadas se incluyen falta de documentación respaldatoria, sobreprecios en contrataciones, rendiciones duplicadas, desvío de combustible y deficiencias técnicas en obras recientemente ejecutadas.

Juicios de Cuentas y recupero de fondos

El TCER impulsa Juicios de Cuentas contra funcionarios de la gestión anterior por un monto histórico de 38 millones de pesos, debido a compras sin respaldo o documentación inválida. Además, existen nuevas rendiciones en análisis que podrían ampliar considerablemente esa cifra.

Responsabilidad administrativa y patrimonial

Varios expedientes en curso investigan la responsabilidad de funcionarios y empleados de la DPV en distintos hechos:

• Maquinarias abandonadas o desguazadas, con posible perjuicio fiscal.
• Fallas en el cobro de multas por exceso de carga, por un total de $134,5 millones, debido a un sistema deficiente de gestión.
• Desperfectos prematuros en las rutas provinciales 38 y 39, que motivaron sumarios administrativos y técnicos por presunta impericia.
• Compras irregulares de combustibles y lubricantes, con registros que evidencian cargas duplicadas o imposibles de consumir en el tiempo indicado.
• Rendiciones fraudulentas, como el caso de una orden de pago por $950.000 con comprobantes duplicados detectada en la Cantera Costa del Uruguay.

Controles sobre compras y redeterminaciones

Otra línea de investigación abarca contrataciones directas por $48,5 millones en concepto de combustibles, ripio, reparaciones de vehículos, certificaciones y redeterminaciones de precios. El Tribunal cuestiona tanto los procedimientos de compra como los valores abonados, por considerar que se alejan de los precios de mercado.

Sobreprecios y proveedores bajo la lupa

El TCER analiza posibles sobreprecios en diversas adquisiciones, verificando la idoneidad de los proveedores, sus inscripciones tributarias, certificados de libre deuda y documentación de entrega de bienes.
Las compras investigadas incluyen láminas refractarias para cartelería, bombas e inyectores, neumáticos, indumentaria, caños de hormigón y lubricantes, entre otros productos.

Control del personal y servicios no prestados

El organismo de control también detectó irregularidades en el registro del personal, como inasistencias injustificadas, cobros indebidos de adicionales y fichajes inconsistentes con comisiones de servicio. Se investiga incluso la falta de prestación efectiva de funciones por parte de algunos empleados y funcionarios.

Expedientes abiertos en 2024 y 2025

El Tribunal de Cuentas mantiene abiertos numerosos expedientes que abarcan los últimos años de gestión del organismo vial. Entre ellos:

• Convenios con consorcios camineros y pagos de intereses resarcitorios por demoras.
• Pagos de honorarios en juicios donde la DPV fue condenada.
• Compras urgentes de pintura para señalización vial y control de stock.
• Adquisiciones vinculadas a reparaciones, combustibles y redeterminaciones de precios.

La causa que originó los allanamientos

En relación a la denuncia presentada por las actuales autoridades de la DPV, el Tribunal confirmó que las compras bajo sospecha de sobreprecios ya estaban siendo auditadas en el marco del ejercicio 2024. Todas las operaciones denunciadas forman parte de un expediente específico bajo control exhaustivo del TCER.

Cabe recordar que hace dos semanas se realizaron 15 allanamientos simultáneos en Paraná, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que involucraron tanto a funcionarios como a empresarios del sector vial.

Un entramado en revisión

Con estos hallazgos, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos busca determinar responsabilidades administrativas y patrimoniales, en lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa de los últimos años en la provincia.