viernes 17 de abril de 2026
Sumate a nuestro canal de WhatsApp y recibí las noticias en tu celular

Conflicto salarial en el Poder Judicial de Entre Ríos

Paro total de judiciales entrerrianos: reclaman recomposición salarial y rechazan cambios previsionales

La medida de fuerza se cumple este viernes con impacto en toda la provincia. El gremio exige mejoras salariales y cuestiona un proyecto oficial sobre la Caja de Jubilaciones.

Los trabajadores judiciales de Entre Ríos llevan adelante este viernes 17 de abril un paro total de actividades por 24 horas, en el marco de un plan de lucha impulsado por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).

La medida fue definida por unanimidad en el Plenario Provincial de Delegados, que resolvió avanzar con dos jornadas de paro, previstas para este viernes y el próximo 24 de abril, en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a cambios en el sistema previsional.

En la antesala de la huelga, el gremio ya había concretado acciones previas, como retenciones de servicios con retiro en distintas filiales, además de movilizaciones en varias jurisdicciones de la provincia.

Entre los principales reclamos, AJER exige una recomposición salarial, el pago íntegro de haberes sin desdoblamientos ni demoras, y el reconocimiento de adicionales, como el pago por título y un plus por tareas especiales destinado a notificadores y evisceradores, conforme a lo establecido en la Ley 5143.

Asimismo, desde el sindicato manifestaron su rechazo al proyecto del Gobierno provincial que —según advierten— apunta a “transformar la Caja de Jubilaciones de la Provincia en ANSES”, lo que genera preocupación en el sector.

Otro de los puntos de conflicto es la decisión del Superior Tribunal de Justicia de dejar sin efecto la mesa salarial del Poder Judicial, lo que motivó que los trabajadores resolvieran canalizar sus reclamos de manera directa ante el Ejecutivo provincial.

La jornada de paro afecta el normal funcionamiento de los tribunales en toda la provincia, en un contexto de creciente tensión entre el sector judicial y el Gobierno entrerriano.

Fuente: APF