Amenazas en escuelas: Entre Ríos buscará que los padres paguen los operativos policiales

El Gobierno de Entre Ríos avanza en la implementación de medidas para recuperar los gastos generados por operativos de seguridad ante amenazas en escuelas, en medio de un incremento de mensajes intimidatorios en distintos puntos de la provincia.

La decisión se analizó en una reunión interministerial que reunió a autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el área de Justicia. Allí se evaluó que los padres o tutores de menores identificados como autores de amenazas deberán afrontar los costos de los operativos, en el marco de una reparación civil por daños y perjuicios.

Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios, quienes delinearon las acciones legales y económicas a implementar.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que, si bien los procesos penales pueden verse limitados por la edad de los menores involucrados, existe la posibilidad de avanzar por la vía civil para reclamar el recupero de los gastos ocasionados al Estado.

“Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos con un costo muy elevado. Ese despliegue configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber”, señalaron durante la reunión.

En ese sentido, se recordó que, según lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad civil recae sobre los progenitores o responsables legales. Por ello, la provincia iniciará acciones para que las familias de los alumnos ya identificados en causas judiciales asuman el pago de los operativos.

De acuerdo a datos oficiales, gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la Policía, ya se logró identificar a la mayoría de los autores de amenazas en distintas localidades entrerrianas.

Costos millonarios y preocupación oficial

Durante el encuentro, las autoridades estimaron que el costo total de los operativos realizados ante amenazas supera los 250 millones de pesos. El cálculo incluye el despliegue de móviles, personal especializado, brigadas de explosivos, logística y horas de trabajo que se restan a la prevención del delito.

Desde la mesa de seguimiento, que también integra Copnaf, se hizo un llamado a las familias para reforzar el control sobre el uso de dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes.

“No se trata de una broma estudiantil, sino de un delito que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían destinarse a la seguridad”, concluyeron las autoridades.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Entre Ríos busca desalentar este tipo de hechos y reducir el impacto económico que generan en el sistema de seguridad provincial.