Condenaron a un inspector de Ganadería de Entre Ríos por vender carne decomisada

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó un decreto mediante el cual se dispuso la exoneración del agente Lucio Javier Rodríguez, quien se desempeñaba en la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.

La medida se tomó luego de que Rodríguez fuera condenado por el delito de peculado, en el marco de una causa judicial vinculada a la apropiación y venta de carne decomisada durante un procedimiento de control sobre una ruta entrerriana.

De acuerdo al decreto publicado en el Boletín Oficial, la sanción fue aplicada sin necesidad de instruir previamente un sumario administrativo, tal como lo establece el Régimen de Empleo Público de Entre Ríos para casos de condena penal firme. La resolución también lleva la firma del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

En paralelo, el Ejecutivo provincial ordenó la apertura de un sumario administrativo contra Federico Tomás Prongue, otro inspector de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización que había sido investigado en la misma causa.

Sin embargo, a diferencia de Rodríguez, Prongue fue sobreseído por falta de pruebas que permitieran acreditar su participación en la maniobra investigada. Tal como se informó previamente, la Fiscalía desistió de la acusación al considerar que no existían elementos suficientes para sostener su responsabilidad penal.

La investigación judicial logró determinar que los inspectores habían interceptado un camión durante un operativo de control por una infracción vinculada al transporte de carne. Tras el secuestro de la mercadería, se comprobó que Rodríguez trasladó parte de la carne decomisada hasta su domicilio y posteriormente la comercializó.

Además de constituir una grave irregularidad en el ejercicio de la función pública, la maniobra generó preocupación por el riesgo sanitario que implicaba la venta de carne cuya trazabilidad había quedado comprometida.

La condena contra Rodríguez fue resultado de un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, y la defensora Mariana Montefiori.

El acuerdo incluyó una pena de dos años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de normas de conducta, entre ellas fijar domicilio, no realizar actos molestos contra testigos de la causa y efectuar 96 horas de trabajos comunitarios.

La sentencia fue homologada por el juez Juan Malvasio, quien avaló las condiciones pactadas entre las partes.

Fuente: Ahora