El Gobierno reformó el sistema de adicionales policiales tras una denuncia judicial

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos ratificó su compromiso con la transparencia institucional y confirmó una profunda reformulación del sistema de adicionales de la Policía provincial, en el marco de una investigación judicial vinculada a la administración de fondos del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos.

Desde la cartera provincial informaron que la causa se encuentra actualmente en etapa investigativa y que el organismo colabora activamente con la Justicia mediante la entrega de documentación y distintas diligencias realizadas junto a funcionarios de la fiscalía interviniente.

Durante los procedimientos llevados adelante en dependencias policiales, se secuestró documentación relacionada al servicio de Policía Adicional, material que quedó bajo resguardo judicial para ser sometido a análisis.

En ese sentido, el Ministerio aclaró que la ejecución de los servicios adicionales se encontraba bajo la órbita exclusiva de la Policía de Entre Ríos.

Cambios en el sistema de adicionales policiales

El servicio de Policía Adicional estaba regulado hasta ahora por el decreto Nº 1729/19 MGJ, normativa que permitía a efectivos policiales realizar tareas adicionales incluso mientras cumplían funciones ordinarias de guardia.

Tras un análisis jurídico realizado junto a distintas áreas legales del Gobierno provincial, se resolvió modificar el sistema mediante el decreto Nº 1225/26 DTO.

La nueva reglamentación prohíbe expresamente que el personal activo realice servicios adicionales mientras se encuentra de guardia o prestando funciones ordinarias. De esta manera, el régimen quedará limitado únicamente a agentes que se encuentren en situación de franco.

Además, el nuevo esquema prevé mejoras remunerativas para quienes efectivamente desarrollen tareas adicionales fuera de su horario habitual.

Garantías institucionales y avance de la investigación

Desde el Ministerio remarcaron que la investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía competente y aseguraron que existe una “total apertura institucional” para facilitar el avance de la causa.

Asimismo, señalaron que no habrá represalias contra los funcionarios denunciantes y garantizaron que no se aplicarán sanciones administrativas vinculadas a quienes hayan expuesto posibles irregularidades relacionadas con el patrimonio público.

Finalmente, el organismo recordó que continúa vigente el principio de inocencia respecto de los funcionarios denunciados y que serán los fiscales intervinientes quienes determinen el avance de la causa penal y eventuales consecuencias administrativas.