Decomisaron inmuebles y vehículos vinculados a Urribarri y Aguilera: qué bienes quedaron en manos del Estado

La medida se concretó este lunes en el marco de la ejecución de las condenas impuestas al exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez. El fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, recibió de manos del abogado Miguel Ángel Cullen las llaves del galpón ubicado en calle Racedo 415, donde funcionó la empresa Tep SRL, además de distintos bienes que quedaron bajo custodia del Estado entrerriano.

Según informó ANÁLISIS, durante la apertura del inmueble se encontraron una camioneta Citroën Berlingo, un camión, computadoras y un plotter de impresión, entre otros elementos incluidos en la orden judicial de decomiso.

Los bienes que fueron decomisados

El procedimiento se realizó sobre los inmuebles ubicados en Racedo 409 y 415 de Paraná, que conformaban las instalaciones donde funcionaba la empresa vinculada a Aguilera.

También fueron alcanzados por la medida una motocicleta y dos vehículos:

• Motovehículo Zanella ZB 100, dominio 208 IG.
• Ford F4000D, dominio EPT 951.
• Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business, dominio OJZ 720.

A estos bienes se sumó equipamiento informático y técnico utilizado por la empresa, entre ellos múltiples computadoras de escritorio, equipos Dell, HP, Lenovo, Data Vision y Banghó, además de una computadora Apple All in One.

También fue decomisado un plotter de impresión Bili Neotitan 2504 DW2D, utilizado para las tareas vinculadas con la imprenta.

El detalle de los bienes está establecido en el punto XXII de la sentencia dictada el 7 de abril de 2022, donde se ordenó la confiscación definitiva de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Tep SRL y a los imputados.

Qué destino tendrán los bienes

Antes de la realización del procedimiento, Rettore había explicado en declaraciones al programa A Quién Corresponda, de Radio Plaza 94.7, que la Fiscalía de Estado tenía como función hacer efectivo el decomiso y poner los bienes a disposición del Poder Ejecutivo provincial.

En ese sentido, señaló que será el Gobierno de Entre Ríos el encargado de determinar posteriormente el destino de los inmuebles, vehículos y elementos tecnológicos.

“Nosotros tomamos posesión en nombre del Gobierno de Entre Ríos y específicamente se lo remitimos mediante un expediente administrativo al titular del Poder Ejecutivo”, había señalado Rettore.

A partir de ahora, las áreas correspondientes deberán evaluar el estado de los bienes, determinar si requieren reparaciones y establecer el destino que tendrán dentro de la administración provincial.

Respecto del plotter, el funcionario había mencionado que, por sus características y dimensiones, podría resultar de utilidad para algún organismo estatal, aunque aclaró que esa decisión deberá ser analizada por las áreas competentes.

El decomiso ordenado tras el “megajuicio”

El decomiso forma parte de las consecuencias patrimoniales derivadas de la sentencia dictada en el denominado “megajuicio”, en el que se acumularon cinco investigaciones relacionadas con hechos de corrupción y que incluyó la denominada causa de las “imprentas” o “causa de la vaca”.

Durante el juicio oral, desarrollado entre 2021 y 2022, la Justicia analizó el funcionamiento de la empresa de Aguilera y su vinculación con contrataciones y negocios realizados durante la gestión de Urribarri.

De acuerdo con lo establecido en la sentencia, los bienes decomisados fueron considerados vinculados con la comisión de los delitos investigados en la denominada causa N° 4.385.

La resolución judicial dispuso específicamente la confiscación de los dos inmuebles de calle Racedo, el fondo de comercio, vehículos y distintos elementos informáticos, técnicos y de comunicación.

Las condenas contra Urribarri, Báez y Aguilera

El Tribunal de Juicio integrado en aquel momento por Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez condenó a Urribarri a ocho años de prisión, mientras que Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue dictada en 2022, después de varios meses de debate oral. Tras conocerse la condena, Urribarri dejó su cargo como embajador argentino en Israel y Chipre, función que había asumido durante el gobierno de Alberto Fernández.

La ejecución de las condenas comenzó más de cuatro años después de aquella sentencia y ahora también avanza sobre los bienes cuyo decomiso había sido ordenado por la Justicia.

Según consignó ANÁLISIS, con el procedimiento realizado este lunes el Estado entrerriano tomó formal posesión de los inmuebles, vehículos y equipamiento incluidos en la sentencia judicial.