Asueta respaldó la demanda de Entre Ríos por los excedentes de Salto Grande y destacó la decisión de Frigerio

El presidente de la Agencia Administradora de Bienes de Entre Ríos, Eduardo Asueta, destacó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de avanzar con una demanda judicial contra el Estado nacional para reclamar la recomposición de los excedentes generados por la represa de Salto Grande.

El funcionario se refirió al tema durante su participación en el Congreso Nacional de Derecho Administrativo, que se desarrolló en Paraná los días 29 y 30 de octubre. Durante su exposición, abordó los fundamentos jurídicos del reclamo provincial, una iniciativa que impulsó y en cuyo desarrollo colaboró con la Fiscalía de Estado, encabezada por el doctor Julio Rodríguez Signes.

Asueta explicó que la presentación judicial tiene como objetivo obtener una reparación por distintos compromisos y obligaciones que, según sostuvo, fueron incumplidos por el Estado nacional a lo largo de los años.

«Esta es una acción reparatoria por los incumplimientos del gobierno nacional a la promesa de navegabilidad del río Uruguay, por las obras inconclusas y no realizadas, y por los daños económicos, sociales y ambientales que supuso la represa para la provincia, especialmente para la región de Salto Grande», señaló.

El reclamo por los excedentes y el antecedente del Pacto Intrafederal

Al referirse a las gestiones del gobernador Frigerio para mejorar el precio de la energía generada por Salto Grande y, de esa manera, incrementar los excedentes destinados a la provincia, Asueta consideró que la vía judicial representa otro paso dentro de la estrategia provincial.

En ese sentido, destacó que la demanda permite interrumpir los plazos de prescripción y reclamar por la totalidad de los excedentes que considera correspondientes a Entre Ríos.

«Es destacable esta decisión porque, en paralelo, se interrumpe la prescripción y se reclama por la totalidad de los excedentes, que actualmente representan apenas el 15 por ciento de lo que eran en 2012», afirmó.

El funcionario también recordó el Pacto Intrafederal firmado en 1998 entre las provincias afectadas y el Gobierno nacional. Según explicó, aquel acuerdo tuvo un carácter reparatorio: las provincias se comprometieron a no avanzar con reclamos por la incumplida promesa de navegabilidad del río Uruguay, las obras pendientes y la mitigación de los daños ocasionados por la represa.

A cambio, el Estado nacional asumió el compromiso de transferir a las provincias los excedentes generados por Salto Grande.

Asueta sostuvo que la demanda tiene fundamentos jurídicos sólidos

En relación con las perspectivas del proceso judicial, Asueta manifestó que el reclamo cuenta con fundamentos jurídicos que considera sólidos y cuestionó la evolución de los recursos destinados a la región durante los últimos años.

«Entendemos que es jurídicamente muy sólido, porque los gobiernos nacionales, desde 2013 hasta la fecha, lo vaciaron de contenido, licuando los excedentes a través de la baja deliberada y discrecional del precio de la energía que vende Salto Grande», expresó.

Asimismo, sostuvo que una eventual recomposición tendría consecuencias sobre los recursos disponibles para la región, particularmente para la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).

Al respecto, comparó el presupuesto actual del organismo con los niveles que tenía antes de la reducción de los excedentes y aseguró que actualmente representa alrededor del 15 por ciento de aquellos valores.

«En su momento, el tratado constituyó una reparación histórica, y la acción judicial que se está llevando adelante tiende a que efectivamente vuelva a serlo, de acuerdo con el texto de lo firmado», concluyó.