Concordia contará con dos nuevos espacios de refugio para víctimas de violencia familiar y de género

La Municipalidad de Concordia contará con dos inmuebles provinciales que serán destinados a funcionar como refugios transitorios para personas y grupos familiares que atraviesan situaciones de violencia familiar o de género.

La cesión se formalizó este viernes mediante la firma de un convenio entre la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) y el gobierno municipal. El objetivo es disponer de espacios de alojamiento y protección para quienes necesitan alejarse de situaciones de violencia y requieren asistencia.

Tras la firma del acuerdo, el intendente Francisco Azcué destacó el trabajo conjunto con el organismo provincial y valoró la posibilidad de contar con estos espacios para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad que atraviesan algunas familias de la ciudad.

«Estamos agradecidos por la rapidez con la que se pudo avanzar en este tema. Es importante contar con estos inmuebles porque no desconocemos la realidad por la que atraviesan algunas familias de la ciudad en cuestiones muy sensibles como son los casos de violencia», expresó el jefe comunal.

Una política de utilidad social de los inmuebles

Por su parte, el titular de AABIPER, Eduardo Asueta, explicó que la iniciativa se enmarca en una política del Gobierno provincial orientada a otorgar una función social a los inmuebles del Estado.

En ese sentido, destacó que la cesión permitirá fortalecer la respuesta institucional frente a situaciones de violencia de género e intrafamiliar, y remarcó el compromiso de trabajar en favor del bienestar y la protección de las personas afectadas.

Cómo se organizará el funcionamiento de los refugios

De acuerdo con lo establecido en el convenio, el ingreso y la permanencia de las personas en los inmuebles se organizarán mediante protocolos municipales y en cumplimiento de las normativas vigentes.

El esquema de funcionamiento contemplará un enfoque de derechos y no discriminación, además de medidas específicas para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación con los organismos competentes.