2026-09-15

Ejecución de la condena del denominado “megajuicio”

Ordenaron decomisar inmuebles y otros bienes vinculados a la causa contra Urribarri y su cuñado

La Justicia de Entre Ríos ordenó avanzar con el decomiso de inmuebles, vehículos, maquinaria de impresión y equipos informáticos vinculados a TEP SRL, la empresa relacionada con Juan Pablo Aguilera. La medida se activó luego de que la Corte Suprema dejara firmes las condenas contra Sergio Urribarri, Pedro Báez y Aguilera.

La Justicia de Entre Ríos ordenó el decomiso de inmuebles, vehículos y distintos bienes vinculados a TEP SRL, la imprenta relacionada con Juan Pablo Aguilera, en el marco de la ejecución de las condenas dictadas en el denominado “megajuicio” por delitos contra la administración pública.

La medida alcanza, entre otros bienes, a dos inmuebles ubicados sobre calle Racedo de Paraná, además de vehículos, maquinaria de impresión y equipamiento informático.

La disposición se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desestimara los recursos extraordinarios presentados por los condenados y dejara firme, el pasado 3 de septiembre, la sentencia dictada en abril de 2022.

Qué bienes serán decomisados

La orden contempla el decomiso definitivo de bienes muebles e inmuebles vinculados a TEP SRL y a los condenados, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de 2022.

Entre los inmuebles se encuentran:

  • Racedo 415, Paraná, identificado con partida provincial N.º 101426651, partida municipal N.º 63031 y matrícula 144102.
  • Racedo 409, Paraná, identificado con partida provincial N.º 1015028249, partida municipal N.º 14909 y matrícula 144101.

En esos inmuebles funcionó la estructura de la imprenta TEP SRL vinculada a Aguilera. La información publicada sobre la ejecución del decomiso señala que ambos inmuebles quedarán a disposición del Estado provincial.

También se ordenó el decomiso de tres vehículos:

  • Una motocicleta Zanella ZB 100.
  • Una Ford F4000D, dominio EPT 951.
  • Una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business, dominio OJZ 720.

Maquinaria de impresión y equipos informáticos

La resolución también alcanza a numerosos bienes utilizados en la actividad de la empresa.

Entre ellos figura un plotter de impresión marca Bili Neotitan 2504 DW2D, además de múltiples computadoras y CPU de distintas marcas, entre ellas Dell, HP, Lenovo, Data Vision, Optiplex y Bangkok.

También se encuentra incluida una computadora Apple All in One, con pantalla plana, teclado y mouse.

El listado forma parte de los bienes alcanzados por la sentencia de 2022. Según la información difundida sobre la ejecución, los bienes quedaron a disposición del Estado una vez firme la condena, con una consideración particular respecto de aquellos equipos informáticos cuya titularidad no hubiera sido acreditada.

El plotter de impresión, que se encuentra en el domicilio de Luciana Almada, deberá ser entregado a quien designe la Fiscalía de Estado.

El destino de los bienes

La sentencia dictada en 2022 había establecido el destino de los distintos bienes decomisados.

Los inmuebles quedarían para el Poder Judicial, mientras que los vehículos serían destinados a la Policía de Entre Ríos.

En cuanto al equipamiento informático, la resolución previó su destino al Consejo General de Educación (CGE) para su asignación a instituciones educativas, de acuerdo con las condiciones establecidas en la sentencia.

La orden de ejecución del decomiso fue emitida en los últimos días por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial y remitida a la Fiscalía de Estado de Entre Ríos.

La condena quedó firme

El decomiso se produce después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena contra Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, entre otros imputados del proceso.

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa.

Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva, además de inhabilitación absoluta perpetua y multa.

La causa había reunido cinco investigaciones y derivó en el juicio oral conocido como “megajuicio”, desarrollado entre 2021 y 2022.

Con la firmeza de las condenas comenzó la etapa de ejecución, que incluye tanto el cumplimiento de las penas de prisión como la efectivización de las medidas patrimoniales dispuestas por el tribunal.

Fuente: Análisis

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