IOSPER: Abrieron causa contra siete exdirectores por sobreprecios en la compra de prótesis

La Justicia entrerriana confirmó la apertura formal de la causa penal contra los siete exdirectores obreros del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), por presuntas irregularidades en la compra de prótesis con sobreprecios y falta de entrega a los afiliados. La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Badano y se basa en una auditoría interna que fue elevada por el Tribunal de Cuentas.

El expediente judicial se desprende de una denuncia impulsada por la Comisión Fiscalizadora del Iosper, creada por decreto tras la intervención de la obra social dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio en abril. En una conferencia de prensa, el mandatario había señalado que más de mil prótesis pagadas durante 2024 no fueron entregadas a sus destinatarios, a pesar de haber sido abonadas a través del sistema de cápita.

Los exdirectores involucrados son Fernando Cañete (presidente del Directorio), Adriana Hepp (Agmer), Adrián Gómez (Festram), Clara Luz del Valle Quintero (Federación de Jubilados), Ángel Iturria (Policía), Carina Isaurralde (trabajadores de Iosper) y Fabián Monzón (UPCN). Todos ocupaban sus cargos hasta diciembre de 2024.

La auditoría reveló que al 10 de diciembre del año pasado había 1.022 cirugías pendientes por falta de provisión de prótesis, a pesar de que los pagos a los proveedores ya se habían realizado. Además, se detectaron maniobras que habrían beneficiado a empresas nucleadas en la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier), con las que Iosper mantenía un convenio vigente desde 2016.

Según ese acuerdo, los proveedores debían entregar prótesis "sin límite de cantidad ni cupo mensual" y con un plazo de entrega de 48 horas, compromiso que no se cumplió en cientos de casos. La Comisión Fiscalizadora señaló que esta falta de entrega perjudicó directamente a los afiliados y generó un fuerte quebranto económico al Estado provincial.

La causa podría derivar en acusaciones por administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público y perjuicio económico al erario provincial. En paralelo, el Gobierno analiza avanzar con acciones civiles para recuperar los fondos desviados.

Esta investigación se da en un contexto de fuerte reestructuración del sistema de salud provincial y control del gasto público. “No puede haber más desvíos ni negocios con la salud de los entrerrianos”, había declarado Frigerio al anunciar la intervención. Fuente: Uno Entre Ríos