Acusan a interventores del IOSPER por corrupción, abandono de persona y contrataciones irregulares

Un grupo de dirigentes políticos y gremiales presentó una denuncia penal contra los actuales interventores del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), en medio del debate legislativo que busca su transformación en la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER).

La presentación fue realizada con el patrocinio de los abogados Rafael Mariano Giampaolo y Rubén Pagliotto. Los firmantes de la denuncia son Rubén Darío Albarenque, Graciela Susana Benavidez, José Reinaldo Colli, Sergio Daniel Fragazzini y María Angélica Pérez.

La denuncia recayó sobre el interventor Mariano Gallegos, el subinterventor Ricardo García y el director general de la intervención, Raúl Matías Sánchez. Los delitos denunciados incluyen administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de persona.

Uno de los casos más graves señalados en la denuncia es el fallecimiento de Gustavo Godoy, afiliado al IOSPER, quien necesitaba un marcapasos con urgencia. Según el escrito, el paciente permaneció internado durante 12 días sin recibir el dispositivo, lo que derivó en su muerte. Los denunciantes aseguran que el marcapasos nunca fue entregado y acusan a los responsables de la intervención de intentar deslindar responsabilidades.

“La negligencia de una obra social en proporcionar un tratamiento adecuado que deriva en la muerte de un afiliado podría considerarse abandono de persona o incluso homicidio culposo”, afirman los denunciantes, citando jurisprudencia y principios del derecho penal.

Además, se exponen graves irregularidades en contrataciones durante la intervención. Se mencionan convenios millonarios firmados sin licitación pública, en dólares, sin justificación legal, con proveedores no inscriptos en el padrón provincial ni con domicilio en Entre Ríos, violando así la Ley de Compras N°9353.

También se denuncia el pago de prótesis a empresas radicadas en Capital Federal sin auditoría posterior, ni inscripción en ATER o antecedentes como proveedores del Estado. “Es llamativo que todas las empresas beneficiadas sean de CABA, lugar de origen del interventor Gallegos y del gerente Raúl Sánchez”, remarcan los denunciantes.

En otro punto, acusan al subinterventor Ricardo García de haber autorizado una contratación directa, sin licitación, por servicios de sonido e iluminación para un evento realizado el 28 de abril de 2025. El monto fue de $980.000 y se habría pagado por adelantado, sin orden de compra previa, según consta en la resolución interna.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá investigar la documentación presentada y determinar si se cometieron delitos durante la gestión de los interventores. (Fuente: APF)