viernes 13 de junio de 2025

Requisa y reutilización en cárceles entrerrianas

Compactaron 4.300 celulares incautados en cárceles Entrerrianas y Frigerio anunció que algunos serán usados como botón antipánico

La Provincia destruyó miles de teléfonos secuestrados en unidades penales. El gobernador Rogelio Frigerio anticipó que los dispositivos funcionales serán entregados al Ministerio Público Fiscal para asistir a víctimas de violencia de género.

Este miércoles se realizó en Paraná un operativo inédito en la provincia: 4.300 teléfonos celulares incautados en unidades penales entrerrianas fueron compactados. La actividad tuvo lugar en la sede de la Dirección de Vías Navegables, en el Puerto Nuevo, con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, del Poder Judicial y de la Policía de Entre Ríos.

“Esto forma parte de nuestra política, en este caso la carcelaria, de liberar a las prisiones de estos celulares que sabemos que están prohibidos. En lo que va de la gestión, hemos requisado prácticamente 100 celulares por mes en promedio”, indicó el gobernador Rogelio Frigerio, quien encabezó el acto. Además, señaló que muchos de los equipos destruidos “formaban parte de un stock de unos 3.000 teléfonos acumulados desde hace años”.

Como parte de una nueva política de seguridad con enfoque social, Frigerio anunció que los teléfonos que funcionen correctamente y no tengan clave de acceso, serán donados al Ministerio Público Fiscal para ser utilizados como botones antipánico en casos de violencia de género.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, remarcó que el secuestro de los dispositivos responde no solo a su prohibición legal, sino a que “son utilizados para cometer delitos” desde dentro de los penales. “Se producen amenazas, extorsiones y comercio de drogas. No tenemos la tecnología, pero tenemos el personal”, subrayó, destacando el trabajo de los agentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

La iniciativa apunta a reforzar los controles dentro del sistema penitenciario y, al mismo tiempo, dar un nuevo destino social a los dispositivos incautados, en un esfuerzo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.