La Cámara Argentina de la Construcción rechazó el cierre de Vialidad Nacional y alertó por el futuro de 30.000 kilómetros de rutas

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), tras la publicación del decreto 461/2025 en el Boletín Oficial. En un comunicado emitido este martes, la entidad manifestó su “profunda preocupación” por las consecuencias que podría tener la eliminación del organismo estatal que gestionaba más de 30.000 kilómetros de rutas no concesionadas al sector privado.

Desde CAMARCO señalaron que esta medida “afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente”. Además, remarcaron que Vialidad Nacional, con casi un siglo de trayectoria, había sido garante de una mirada federal sobre la infraestructura, con técnicos capacitados y experiencia en todas las regiones del país.

Incertidumbre, obras frenadas y riesgo para el empleo

Uno de los puntos más preocupantes que resaltó la Cámara es el traspaso de funciones a áreas como el Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional, lo que genera “fuerte incertidumbre” sobre el mantenimiento de rutas, la continuidad de obras estratégicas y la articulación público-privada que durante años sostuvo el desarrollo vial en Argentina.

Particularmente, advirtieron que la red federal de caminos no concesionados, que supera los 30.000 kilómetros, podría quedar en situación crítica. Esto implicaría “serios perjuicios para la logística, la producción y la vida diaria de miles de personas”.

“La inversión en caminos y rutas no es un gasto, es desarrollo, trabajo y producción”, afirmaron. Por ello, CAMARCO reclamó al Gobierno “abrir instancias de diálogo” con el sector, y reiteró su disposición a colaborar en el diseño de políticas públicas sostenidas y con visión federal.

Críticas del Gobierno y defensa del ajuste

Desde la Casa Rosada, en defensa del cierre, argumentaron que Vialidad Nacional tenía un “sobredimensionamiento administrativo”: con 5.184 empleados —de los cuales el 67% cumple tareas administrativas o técnicas— y una estructura jerárquica considerada excesiva.

El comunicado oficial también denunció supuestos casos de nepotismo dentro del organismo, citando a integrantes del sindicato de trabajadores viales. Y justificó la disolución asegurando que se logrará “un ahorro anual de 100 millones de dólares”, sumado a una mayor participación privada en el mantenimiento de las rutas nacionales.