Procesaron a cuatro exmilitares del Regimiento de Concordia por delitos de lesa humanidad durante el Plan Cóndor

La Justicia Federal procesó a cuatro exintegrantes del Ejército argentino que prestaron funciones en el Regimiento de Concordia por distintos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

La resolución fue dictada por la titular del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, Analía Ramponi, a partir del pedido formulado por la fiscal federal Josefina Minatta.

Los procesados son el teniente primero Jorge Enrique Echeverría, de 77 años; el capitán Horacio Alberto Goris, de 81; el teniente primero Juan Ignacio Alemán, de 78, quien se desempeñaba como oficial de inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia durante 1977; y el sargento ayudante de caballería Miguel Ángel Galeano, de 75 años, quien cumplía funciones como auxiliar.

A cada uno de los acusados se le trabó, además, un embargo por 30 millones de pesos.

La Justicia les atribuyó, en calidad de coautores, distintos hechos que incluyen privaciones ilegales de la libertad, apremios físicos, vejaciones, torturas, abuso sexual y el encubrimiento del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti, quien permanece desaparecido.

La estructura represiva que operaba en Concordia

En su resolución, la jueza Ramponi consideró que los cuatro acusados formaron parte de una estructura organizada dentro del aparato represivo estatal de la época.

La magistrada sostuvo que se trataba de una organización destinada a eliminar cualquier vestigio de aquello que las autoridades militares consideraban peligroso para la denominada “Seguridad Nacional”, dentro de un esquema que terminó siendo responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

La estructura militar estaba organizada territorialmente en zonas, subzonas y áreas, y contaba con la colaboración de integrantes de otras jurisdicciones para concretar detenciones y traslados.

Según explicó Ramponi, el aparato represivo que funcionaba en Concordia estaba dirigido por Naldo Miguel Dasso, entonces jefe del Regimiento de Tiradores Blindados 6 “Blandengues”, correspondiente al Área 225, dependiente de la Subzona 22 de la Zona de Defensa 2 del Segundo Cuerpo del Ejército.

La jueza señaló que las personas detenidas ilegalmente en Concordia y localidades cercanas eran trasladadas a distintos lugares de detención, entre ellos la Jefatura Departamental de Policía de Concordia y la Unidad Penal N°3, además de otros centros clandestinos.

En esos sitios, según la investigación, las víctimas eran sometidas a interrogatorios, tormentos físicos y psicológicos y, en algunos casos, abusos sexuales.

Secuestro y torturas contra ciudadanos uruguayos

Uno de los hechos centrales de la investigación ocurrió el 3 de julio de 1977, cuando los exmilitares Galeano, Alemán y Echeverría habrían participado de la privación ilegal de la libertad de cuatro ciudadanos uruguayos: María Julia Suárez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia.

Según la resolución judicial, fueron trasladados inicialmente a la Jefatura Departamental de Concordia y posteriormente llevados a dos centros clandestinos de detención que todavía no pudieron ser identificados.

Finalmente, fueron trasladados a la Unidad Penal N°3 de Concordia.

Durante su cautiverio, que se extendió por más de 20 días, las víctimas habrían sido sometidas a diferentes métodos de tortura.

La investigación menciona prácticas conocidas como “plantones”, “submarino seco”, picana eléctrica y “teléfono”, utilizadas durante los interrogatorios para obtener información.

Posteriormente, los ciudadanos uruguayos fueron trasladados de manera clandestina e ilegal hacia Uruguay. Dos de ellos permanecieron detenidos hasta 1982, mientras que otra de las víctimas recuperó su libertad.

En el caso de Jesús Silverio Suárez Méndez, primero habría sido trasladado a Paraná, donde permaneció detenido durante cinco días, para luego ser llevado a un centro clandestino de detención ubicado en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Desde ese lugar logró escapar.

También investigan un abuso sexual

La resolución judicial también atribuyó a los acusados un abuso sexual contra María Julia Suárez.

Según la reconstrucción realizada durante la investigación, el hecho habría ocurrido durante el traslado de las víctimas desde la Jefatura Departamental de Concordia hacia el primer centro clandestino donde permanecieron privadas de su libertad.

Además, la Justicia investigó la privación ilegal de la libertad de otros ciudadanos uruguayos: Brenda Levith, Luis Suárez y el hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith, ocurrida durante julio de 1977.

El caso del conscripto Jorge Emilio Papetti

Otro de los hechos incluidos en el procesamiento tiene como víctima al conscripto Jorge Emilio Papetti, quien cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Concordia.

Papetti fue privado de su libertad el 15 de marzo de 1977 en la Guardia de Prevención del Regimiento de Tiradores Blindados 6 “Blandengues”.

De acuerdo con la investigación, los militares lo vinculaban con la organización Montoneros y lo señalaban por supuestas actividades consideradas “subversivas”.

El conscripto fue detenido junto a otras dos personas y, según la reconstrucción judicial, los tres fueron sometidos a apremios y torturas.

El 18 de marzo, Papetti habría sido visto en condiciones físicas extremadamente deterioradas. Presentaba el pecho hundido, sangre en la boca, dificultades para mantenerse de pie y una tos persistente como consecuencia de los tormentos sufridos.

Al día siguiente, habría sido trasladado junto a los otros detenidos hasta un lugar conocido como “La Tortuga Alegre”, ubicado en las inmediaciones de Salto Grande.

Según la investigación, las torturas continuaron en ese lugar.

Traslado a Paraná y muerte bajo tortura

Entre el 19 y el 20 de marzo de 1977, los tres detenidos habrían sido trasladados en el baúl de un automóvil hasta la ciudad de Paraná, donde fueron alojados en el Escuadrón de Comunicaciones Blindado 2.

Posteriormente, el 21 de marzo, Papetti y otro de los detenidos fueron trasladados a la Unidad Familiar de la Unidad Penal N°1 de Paraná.

De acuerdo con la investigación judicial, allí el conscripto fue nuevamente sometido a torturas y finalmente murió como consecuencia de los tormentos padecidos.

Su cuerpo nunca fue recuperado y continúa desaparecido.

La acusación por encubrimiento del homicidio

El procesamiento también alcanza a los cuatro exmilitares por el presunto encubrimiento del homicidio de Papetti.

Según la resolución, después de la muerte del conscripto se habría montado un supuesto operativo de fuga para ocultar lo ocurrido.

El hecho habría sido presentado como una fuga durante un traslado sobre la Ruta Nacional 18, cerca del kilómetro 135, en jurisdicción de Concepción del Uruguay, el 22 de marzo de 1977.

La investigación sostiene que para sostener esa versión se confeccionaron actuaciones administrativas y declaraciones falsas con el objetivo de instalar la idea de que Papetti había escapado durante el traslado.

Sin embargo, de acuerdo con lo establecido previamente en otra causa judicial, para ese momento el conscripto ya había sido asesinado en Paraná.

Como parte de las maniobras destinadas a ocultar los hechos, también se habrían destruido registros oficiales del Regimiento.

Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentra un acta de incineración de los libros de novedades de la Guardia de Prevención, correspondientes al período comprendido entre 1976 y 1983.

Los hechos y el Plan Cóndor

La jueza Ramponi ubicó los hechos investigados dentro del denominado Plan Cóndor, el esquema de coordinación represiva que involucró a las dictaduras militares de distintos países del Cono Sur durante la década de 1970.

En este caso, la investigación analiza la coordinación entre Argentina y Uruguay para perseguir y detener ilegalmente a personas consideradas opositoras o vinculadas con organizaciones políticas y sociales.

Según explicó la magistrada, el Plan Cóndor tuvo como objetivo perseguir a movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos y dirigentes políticos, entre otros sectores considerados enemigos por los gobiernos autoritarios de la región.