Caso adicionales policiales: conversaciones entre acusados complicarían a superiores de la fuerza

Durante una audiencia realizada este jueves en los tribunales de Paraná, en el marco de la causa que investiga el presunto delito de peculado por el cobro indebido de servicios adicionales en la Policía, el fiscal Gonzalo Badano expuso una serie de conversaciones de WhatsApp intercambiadas entre imputados que, según la acusación, comprometerían a superiores de la fuerza.

Los mensajes fueron leídos por el fiscal durante más de una hora y corresponden a intercambios entre el comisario Fernando Urquía, jefe de la División de Policía Adicional de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, y Marina Bértoli, sargento numeraria de esa División y responsable exclusiva de la carga de los adicionales en el sistema. Ambos se encuentran imputados por el delito de peculado, al igual que otros funcionarios policiales, por el presunto cobro de servicios que no se habrían prestado.

La audiencia tuvo como objeto el pedido de levantamiento del secreto bancario de cuatro imputados, medida solicitada por Fiscalía para el período comprendido entre enero y junio de 2025. Según se expuso, la investigación apunta a un perjuicio al erario público provincial que superaría los 27 millones de pesos.

Tras escuchar los planteos de Fiscalía y de las defensas, la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, aunque limitó el alcance de la medida únicamente a los imputados incluidos en el nuevo relato del hecho presentado por Badano durante la audiencia.

Mensajes que cambiaron el eje de la audiencia

El dato que transformó una audiencia técnica en un hecho de fuerte impacto político-judicial fue el contenido de los chats. En las conversaciones, además de detallar el funcionamiento interno del sistema de adicionales, los imputados expresaron malestar con la superioridad policial, dificultades para ascender en la carrera y, en los pasajes más graves, mencionaron con nombre y apellido a funcionarios de alto rango, a quienes acusaron de haberse enriquecido durante su paso por la fuerza.

Este aspecto llevó incluso a que una de las defensas instara al fiscal a investigar a los superiores mencionados en los mensajes, al considerar que la información surgida de los chats excede la situación puntual de los imputados.

Los defensores Eduardo Gerard y Hernán Saín se opusieron al levantamiento del secreto bancario, argumentando que la medida resulta invasiva y excesivamente amplia, al ingresar en la esfera privada de los imputados sin una fundamentación suficiente. No obstante, la jueza consideró que el pedido fiscal estaba razonablemente fundado, aunque coincidió con las defensas en la necesidad de acotar su alcance.

El nuevo relato del hecho

Durante la audiencia, el fiscal Badano presentó un nuevo relato del hecho, ampliando el universo de presuntos beneficiarios del esquema investigado. Según Fiscalía, entre enero y mayo de 2025 se habrían cargado, liquidado y pagado servicios adicionales correspondientes a la custodia y transporte blindado de valores del Nuevo Banco de Entre Ríos SA, a funcionarios policiales que no habrían prestado dichos servicios, generando un daño económico al Estado aún en proceso de cuantificación.

La acusación sostiene que la maniobra se habría concretado mediante un acuerdo entre el jefe del servicio adicional, la persona encargada de cargar los datos en el sistema y funcionarios que cobraban los adicionales sin cumplirlos. En ese marco, se señaló que los servicios eran cargados por Bértoli, avalados por Urquía y por Pedro Alberto Arena, sargento de la División de Policía Adicional.

Además de Urquía y Bértoli, se investiga la participación de Julia Sangoy, Mauricio Colignon, Walter Ramón Broder, Gabriela Yolanda Arena, Walter Sebastián Dettler, Maximiliano Felipe Monzón y Sergio Gustavo Sánchez, entre otros efectivos policiales.

Finalmente, Fiscalía dejó abierta la investigación sobre la posible existencia de retornos económicos entre los intervinientes y la eventual participación de otras autoridades policiales y terceros, una línea que podría ampliar aún más el alcance del expediente.

Fuente: APF