martes 23 de junio de 2026
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Condena por chantaje y falsa denuncia

Madre e hija fueron condenadas por extorsionar a un policía con una falsa acusación de abuso

Las mujeres admitieron haber intentado obtener dinero a cambio de no denunciar falsamente a un funcionario policial por abuso de menores. La Justicia de Entre Ríos les impuso una pena de dos años y seis meses de prisión condicional tras reconocer su participación en el hecho.

La Justicia de Entre Ríos condenó a una madre y a su hija por intentar extorsionar a un funcionario policial mediante amenazas de escraches públicos y una falsa denuncia por abuso sexual infantil.

La sentencia fue dictada por la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual ambas mujeres reconocieron su responsabilidad penal en los hechos.

Las condenadas, domiciliadas en la localidad de San Benito, recibieron una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por el delito de chantaje en grado de tentativa.

Cómo operaba la maniobra extorsiva

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre la madrugada del 4 y la tarde del 5 de octubre de 2023.

Las imputadas, identificadas como C.S.C., de 48 años, y M.C.B., de 28, actuaron junto a una tercera persona que se encontraba alojada en una unidad penitenciaria.

De acuerdo con la causa judicial, contactaron a un funcionario policial que prestaba servicios en la comisaría de Hasenkamp y le exigieron la entrega de 200.000 pesos.

La amenaza consistía en difundir publicaciones en redes sociales para escracharlo públicamente y presentar una denuncia penal falsa acusándolo de abuso sexual contra una menor de edad.

El objetivo era obtener dinero a cambio de no concretar las acusaciones que podrían afectar gravemente la imagen pública, laboral y familiar de la víctima.

El operativo que permitió detenerlas

Lejos de acceder al pedido, el policía denunció inmediatamente la situación al jefe de la dependencia de Hasenkamp, Sergio Aguiar.

A partir de esa información, se organizó un operativo conjunto para identificar y detener a las responsables.

Siguiendo instrucciones policiales, la víctima continuó las conversaciones a través de WhatsApp y simuló aceptar las condiciones impuestas por las extorsionadoras.

Finalmente se acordó la entrega del dinero en el acceso a San Benito, sobre la zona de Guido Marizza y Ruta Nacional 12.

Cuando las mujeres llegaron al lugar para retirar el supuesto paquete con efectivo, fueron detenidas por personal de las comisarías de San Benito y Hasenkamp que participaba del operativo.

Reconocieron el delito y evitaron un juicio oral

Durante la audiencia de juicio abreviado, ambas imputadas admitieron haber participado en la maniobra extorsiva y aceptaron los términos del acuerdo presentado por la fiscal Carolina Guzmán y el defensor Juan Domingo Cabrera.

La jueza Castagno destacó que la investigación reunió pruebas suficientes para acreditar la autoría del hecho, entre ellas capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, registros fílmicos y demás evidencias incorporadas al expediente.

Según sostuvo la magistrada, los elementos recolectados permitieron destruir el estado de inocencia de las acusadas y confirmar su participación en el intento de chantaje.

Las condiciones que deberán cumplir para no ir a prisión

Si bien la condena es de cumplimiento condicional, las mujeres deberán respetar estrictas reglas de conducta durante los próximos dos años para evitar la revocación del beneficio.

Entre las medidas impuestas se encuentra la prohibición absoluta de mantener contacto con la víctima o con integrantes de su grupo familiar, ya sea de manera directa o mediante terceros.

Además, deberán realizar 96 horas anuales de trabajos comunitarios en instituciones de bien público que determine la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), aunque estas tareas podrán ser reemplazadas por cursos de capacitación en oficios.

Con la aceptación del acuerdo abreviado, la causa quedó resuelta y las condenadas evitaron la realización de un juicio oral y público, aunque la condena penal quedó firme tras el reconocimiento expreso de los hechos.