Indignación proteccionista por la caza de aves autóctonas habilitada en Entre Ríos

Graves cuestionamientos surgieron desde sectores proteccionistas y organizaciones ambientales luego de que el Gobierno de Entre Ríos habilitara, el mismo día en que se conmemora el Día Mundial de las Aves, la caza de cinco especies autóctonas mediante una resolución de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización.

La temporada de caza menor, que irá del 10 de mayo al 15 de agosto, autoriza la matanza de ejemplares de Pato Picazo, Sirirí Pampa, Pato Cutirí, Pato de Collar e Inambú Común, todas especies nativas que forman parte del ecosistema entrerriano. La norma permite que cada cazador pueda abatir hasta 4 ejemplares de cada especie de pato por excursión y hasta 6 de perdices o inambúes.

Desde CEYDAS, la medida fue calificada como "irresponsable, infundada e ilegal", no solo por el impacto ecológico que representa, sino por la falta de estudios técnicos, nula participación ciudadana y ocultamiento de información pública ambiental.

“La resolución no fue publicada en el Boletín Oficial ni en ningún canal oficial del Gobierno, por lo tanto, la caza en este momento carece de habilitación reglamentaria y puede constituir un delito penal”, advirtió la Dra. Cecilia Domínguez, abogada ambientalista y representante de CEYDAS.

La especialista también denunció que la autorización viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que protege el derecho a un ambiente sano, así como el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar acceso a la información y participación en decisiones que afecten el entorno. También se estaría incumpliendo la Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.

Organizaciones ambientalistas remarcaron la gravedad de que la medida se haya dado a conocer extraoficialmente, sin difusión pública y sin informes que justifiquen su implementación, lo que interpretan como un retroceso en materia de políticas ambientales en la provincia.

“La habilitación de la caza de aves autóctonas protegidas no solo atenta contra la biodiversidad local, sino que ignora por completo el contexto ambiental, social y legal que exige mayor responsabilidad estatal en la gestión de nuestros ecosistemas”, concluyeron desde CEYDAS.

La ONG exige al gobernador Rogelio Frigerio la derogación inmediata de la resolución, la publicación oficial de los documentos involucrados y la apertura de un proceso participativo para revisar este tipo de decisiones con impacto ecológico.